Por Daniel Lee

Este 2025 podría marcar un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos. En los pasillos del Congreso se acumulan propuestas legislativas que, si prosperan, redefinirán el alcance de la ley migratoria, la gestión de las fronteras y, en última instancia, la vida de millones de personas que buscan refugio o una oportunidad en el país.

El debate no es menor: detrás de la retórica de “seguridad nacional” se perfila una reconfiguración del pacto federal y un retroceso en la noción misma de derechos humanos en la frontera más vigilada del mundo.

La State Immigration Enforcement Act, introducida en enero de 2025, representa quizás el cambio estructural más profundo y peligroso. Al permitir que cada estado y ciudad imponga y ejecute sus propias sanciones migratorias, el Congreso reabre la puerta a un escenario que recuerda los años de las “leyes espejo” de Arizona y Alabama: políticas locales diseñadas para intimidar, discriminar y criminalizar a comunidades enteras de migrantes bajo el pretexto de “orden y legalidad”.

Y mire usted, la iniciativa rompe con el principio histórico de que la inmigración es materia federal, lo cual había garantizado un marco único de aplicación en todo el territorio. Si los estados obtienen esa autonomía, se abriría una caja de Pandora jurídica y humanitaria: los derechos de un migrante podrían variar según el código postal en el que sea detenido. En algunos estados, podría enfrentar cárcel por trabajar sin papeles; en otros, deportación inmediata o sanciones civiles más severas. La igualdad ante la ley —base del sistema estadounidense— quedaría erosionada por un mosaico de castigos locales.

“Catch and Release”: la criminalización del asilo

El Ending Catch and Release Act of 2025 refuerza una tendencia ya consolidada: convertir el asilo en un delito implícito. Al eliminar la posibilidad de libertad bajo palabra para solicitantes que esperan audiencia, el proyecto busca institucionalizar la detención prolongada como política migratoria. La presunción de humanidad cede ante la lógica del encarcelamiento preventivo. Elevar el estándar de “mied

o creíble” no solo disuade solicitudes falsas —como alegan sus promotores— sino que deja sin amparo a miles de personas que huyen de contextos de violencia donde demostrar miedo “documentado” es imposible.

Esta medida, de aprobarse, profundizará la red de centros de detención migratoria —ya criticados por abusos sistemáticos— y consolidará un modelo de contención más que de protección. El mensaje político es claro: quien busque refugio en Estados Unidos deberá pagar el precio de su desesperación con su libertad.

La frontera como trinchera: el castigo antes que la prevención

La Stop Illegal Entry Act, aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre, lleva al extremo la criminalización de la migración. Al imponer penas mínimas obligatorias y sanciones de prisión más largas por reingreso ilegal, el Congreso sustituye la visión humanitaria por una penal. El problema es que esta política, probada una y otra vez desde los años noventa, no disuade la migración irregular; solo la vuelve más cara, más peligrosa y más rentable para las redes criminales que lucran con el tráfico de personas.

El endurecimiento penal tiene también una función política: alimentar la narrativa electoral de la “frontera en crisis”. En los hechos, el costo humano recae sobre migrantes reincidentes —muchos de ellos padres de familia que buscan reunirse con sus hijos— y sobre un sistema judicial saturado que se convierte en máquina de castigo más que de justicia.

La excepción bipartidista: la DIGNITY Act

En contraste, la DIGNITY Act, presentada por las congresistas María Elvira Salazar (republicana) y Veronica Escobar (demócrata), representa el último intento serio de construir una reforma migratoria integral. Su propuesta combina control fronterizo con vías de regularización y ciudadanía para quienes ya viven y trabajan en el país. Es, en cierto modo, la traducción política del dilema estadounidense: garantizar seguridad sin renunciar a la dignidad.

El proyecto, aún en revisión, plantea tres pilares —seguridad fronteriza, dignidad y competitividad— que buscan equilibrar pragmatismo y humanidad. Pero su destino es incierto: en un Congreso polarizado, las iniciativas que apelan a la empatía suelen naufragar entre los cálculos electorales y el temor a ser percibidas como “blandas”. Aun así, la DIGNITY Act deja claro que una política migratoria moderna no puede reducirse al muro ni al miedo.

Rostros visibles en una política opaca

La No Anonymity in Immigration Enforcement Act introduce un elemento inédito: obligar a los agentes de ICE a mostrar su identidad durante los operativos. Puede parecer un detalle menor, pero es un gesto simbólico potente en tiempos de militarización fronteriza. Humaniza la aplicación de la ley y refuerza la rendición de cuentas. Que los agentes sean visibles es, también, un reconocimiento de que la seguridad y la transparencia no son conceptos antagónicos.

Un viraje ideológico más que administrativo

Tomadas en conjunto, estas iniciativas revelan una lucha de fondo por el alma de la política migratoria estadounidense. De un lado, quienes buscan convertir la frontera en una línea de contención permanente; del otro, quienes insisten en una visión de país abierto, regulado, pero fiel a su tradición de acogida. El problema no es solo jurídico o político, sino moral: la migración ya no se discute como un fenómeno humano, sino como una variable de riesgo.

Si algo queda claro en este nuevo ciclo legislativo es que Estados Unidos se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede optar por una política que refuerce muros, cárceles y competencias locales en nombre de la seguridad; o por una política que entienda que la seguridad real solo se construye con inclusión, legalidad y derechos. La primera opción promete control; la segunda, convivencia. Ambas requieren voluntad política, pero solo una es compatible con el ideal democrático que el país dice defender.

En 2025, la pregunta vuelve a ser la misma que ha acompañado a Estados Unidos desde Ellis Island:
¿Qué significa hoy el “sueño americano” cuando miles de manos lo buscan al otro lado de una valla, y el Congreso debate si merecen o no ser vistas

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