Por Luis Sunderland Méndez
X@LouSunderland
10 de abril de 2026
En estos primeros días de abril, se ha generado una tensión diplomática y mediática importante, entre el Gobierno de México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).
La controversia escaló derivada de un informe emitido por este grupo de expertos, que calificó la situación en México, no sólo como una crisis, sino como un crimen de lesa humanidad.
El informe de la CED-ONU, señala la persistencia de desapariciones sistemáticas en el país, y se basa en hechos irrefutables como:
La participación del Estado, porque reporta que existen indicios de participación, consentimiento o permisividad de agentes estatales en las desapariciones.
La Gravedad del hecho se basa en la magnitud y persistencia del fenómeno, siendo esa la razón de que el Comité resalte que los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El mismo Comité solicitó que el caso de México sea llevado ante la Asamblea General de la ONU, situación que implica un nivel de alerta internacional mucho más grave.
La presidente Sheinbaum, como de costumbre fiel a su estilo: hostil, absurdo y necio, respondió al señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), rechazando tajantemente las conclusiones del informe, tomando estos tres argumentos de su defensa: Anacronismo y Extrapolación, Sheinbaum sostiene que el Comité analizó casos ocurridos entre el 2009 y 2017, en los periodos de Calderón y Peña Nieto en solo cuatro estados, y que se extrapoló los resultados en forma indebida a la situación actual de 2025-2026.
Descalificó la Naturaleza del Delito, afirmando que, en su gobierno, la desaparición no es una herramienta del Estado ni de represión política, sino el crimen organizado es el culpable, olvida que su partido está ligado al crimen organizado y que incluso su campaña se la debe a él.
Sheinbaum puso en duda el Cuestionamiento Institucional al devaluar el informe, desautorizó el dictamen del grupo al señalar que no es un órgano directo de la ONU, ya que se trata de un comité de expertos independientes y que el informe tiene sesgos políticos que ignoran los avances y la solidaridad de su gobierno con los colectivos de búsqueda.
A pesar del rechazo de Sheinbaum, la realidad en el tema, la pone en entredicho y es más contundente que sus otros datos, las cifras son un punto crítico, El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reconoció oficialmente que existen más de 132,000 personas desaparecidas en el país.
Los colectivos de madres buscadoras no solo están decepcionadas, sino tienen un sentimiento de abandono por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, viven todos los días en confrontación con las autoridades y lo consideran como una indiferencia heredada de la nefasta administración anterior.
Los colectivos respaldan los señalamientos del CED y denuncian a la presidente de invisibilizar a las víctimas con sus datos, porque les falta el respeto no solo con sus datos, sino al rechazar el informe.
Es absurdo que, si la ONU ofrece ayuda en esta emergencia, el gobierno la rechace, cuando lo que hace falta son manos para identificar los miles de restos que superan los 72,000 en diferentes morgues del interior del país, sobre todo en Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz.
La metodología oficial de búsqueda está mal, se basa en labores administrativas, cruzan bases de datos y dan de baja nombres, en lugar de la búsqueda en campo. Borran registros bajo el argumento de que la persona ya fue localizada, solo por coincidencias en homónimos, sin hacer una verificación física de ADN real.
Sheinbaum no sabe de empatía, no es lo suyo, a pesar de ser mujer, no ha demostrado sensibilidad humanitaria ante la desesperación de una familia que busca a su desaparecido, jamás ha recibido a los colectivos buscadores, en lugar de atender a los señalamientos del CED y agradecer a la ONU el apoyo en la búsqueda de la solución, y evitar que esto escale al Pleno de la ONU, deja que su subgerente en Gobernación, y ahora el nuevo canciller Roberto Velazco se encarguen de hacer lo que una política profesional debería. Estas migajas del poder demuestran que ella debe aceptar que su gobierno está completamente rebasado.
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