Por Daniel Lee

Recorrer Baja California, escuchar directamente a la población y convertir sus problemas cotidianos en propuestas concretas es la apuesta que Alfredo Álvarez Cárdenas ha colocado en el centro de su visión para el estado. Su planteamiento parte de una premisa sencilla, pero políticamente relevante: un proyecto de gobierno no puede construirse exclusivamente desde las oficinas, sino desde el contacto permanente con quienes enfrentan todos los días las deficiencias de servicios, movilidad, seguridad, infraestructura y desarrollo.

Durante los recorridos realizados por distintos municipios y sectores sociales, el otrora Secretario General Gobierno de Baja California, Álvarez Cárdenas sostiene que la experiencia le ha permitido conocer de primera mano la realidad de la entidad y acercarse a problemáticas que, desde la administración pública, pueden percibirse de manera distinta a como las viven ciudadanos, trabajadores, empresarios, jóvenes, transportistas y comunidades. Esa interacción, afirma, es uno de los elementos que sustentan la construcción de su denominado Plan Maestro.

La propuesta ha evolucionado a partir de reuniones y foros con diversos sectores. En junio, Álvarez reportaba cerca de 10 mil propuestas ciudadanas; semanas después, la cifra difundida públicamente superaba las 20 mil. Entre los temas incorporados aparecen seguridad, infraestructura educativa y social, salud, transporte, movilidad, agua, servicios públicos, tenencia de la tierra y desarrollo económico.

Pero el alcance político de la propuesta va más allá de reunir demandas. Álvarez plantea que el objetivo debe ser traducirlas en políticas públicas capaces de atender rezagos históricos y, al mismo tiempo, anticipar los desafíos que enfrenta una entidad fronteriza con una economía estrechamente vinculada con Estados Unidos.

En su diagnóstico, Baja California tiene fortalezas que no pueden desperdiciarse: una población resiliente, participación ciudadana, actividad económica y una posición estratégica frente al mercado estadounidense. Sin embargo, también identifica problemas estructurales que requieren decisiones de largo plazo. Entre ellos coloca la relación con Estados Unidos en materia comercial y de seguridad, la movilidad urbana, la regularización de la tenencia de la tierra y el acceso a servicios públicos.

Ese enfoque resulta particularmente importante porque Baja California no enfrenta una sola crisis, sino una suma de desafíos que se conectan entre sí. Una deficiente movilidad afecta el acceso al empleo y a la educación; la falta de agua o de infraestructura urbana limita el crecimiento; la inseguridad repercute en la actividad económica; y un desarrollo urbano desordenado aumenta las presiones sobre los servicios.

Por ello, el llamado Plan Maestro pretende funcionar como una hoja de ruta integral. La intención, según ha explicado Álvarez, es articular reformas y acciones en materia social, económica, de seguridad y movilidad, evitando que las políticas públicas permanezcan aisladas unas de otras.

Uno de los aspectos más destacados de su planteamiento es, precisamente, el método de construcción. Álvarez insiste en que las comunidades deben participar en la definición de las soluciones. El agua, el transporte, el pavimento, la seguridad o los servicios públicos no pueden resolverse adecuadamente sin escuchar a quienes conocen sus consecuencias cotidianas. Esa perspectiva ha sido presentada como un intento de pasar del diagnóstico elaborado “desde el escritorio” a una planeación basada en el territorio.

En encuentros con especialistas y representantes de sectores productivos también ha planteado la necesidad de fortalecer la mediación, el orden, el respeto a la legalidad y la capacidad institucional. Entre las propuestas discutidas aparecen el saneamiento y reúso del agua, infraestructura educativa, atención a la salud mental, alumbrado, movilidad, transporte público, recuperación de espacios públicos y seguridad.

La visión de Álvarez, sin embargo, también tiene un componente evidentemente político. Su Plan Maestro acompaña su aspiración a encabezar el proyecto de la transformación en Baja California rumbo al proceso electoral de 2027. En junio confirmó públicamente su intención de competir dentro de Morena por la gubernatura.

Ese contexto obliga a medir la propuesta no solamente por su capacidad para generar simpatías, sino por su posibilidad real de convertirse en un programa de gobierno viable. Escuchar a miles de ciudadanos constituye un punto de partida valioso; el desafío será demostrar que las propuestas pueden transformarse en prioridades presupuestales, infraestructura, reformas, programas medibles y resultados verificables.

Ahí estará la verdadera prueba.

Porque Baja California necesita algo más que diagnósticos y recorridos. Necesita resolver problemas que llevan años acumulándose. El reto de cualquier proyecto político será demostrar que sabe distinguir entre una demanda coyuntural y una transformación estructural, establecer prioridades y asumir compromisos concretos.

El mensaje que Álvarez busca posicionar es claro: conocer el estado antes de pretender gobernarlo. Su apuesta consiste en recorrer el territorio, escuchar a la población y construir desde esa experiencia un proyecto integral para Baja California. La participación ciudadana, en ese esquema, no sería un elemento decorativo de una campaña, sino el punto de partida para definir prioridades.

Ahora el desafío es mayor: convertir esa escucha en decisiones y resultados.