Por Daniel Lee

+ Migrar no es delito, pero en EE.UU. ya se castiga como si lo fuera

Las redadas del ICE han dejado de ser operativos de control migratorio para convertirse en ejercicios de fuerza sin control, sin protocolos y, sobre todo, sin humanidad.

Lo que hoy denuncian organizaciones como #Fuerza Migrante no es un exceso aislado: es un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos que exhibe una política migratoria cada vez más desbordada, más violenta y más peligrosa, incluso para quienes tienen un estatus legal. La frontera ya no es el límite; ahora el hostigamiento alcanza aeropuertos, juzgados y espacios públicos, donde la arbitrariedad se impone sobre cualquier principio de legalidad.

El señalamiento de Avelino Meza, Secretario General de la organización binacional, no deja lugar a matices: las detenciones se están realizando fuera de todo protocolo, bajo criterios que rozan el perfilamiento racial más burdo. La irrupción de agentes en áreas de inmigración de aeropuertos, la captura de personas en audiencias legales o incluso de mujeres embarazadas, revela no solo una política fallida, sino una maquinaria que opera bajo la lógica del miedo. Pero hay un elemento aún más alarmante: la participación de “cazarrecompensas”, individuos incentivados económicamente para detener migrantes, como si se tratara de una cacería humana institucionalizada.

Este modelo no solo degrada a quienes son perseguidos, sino que corrompe al propio sistema que lo permite. Pagar entre 500 y mil dólares por cada detención no es política pública, es mercantilización de la persecución. Es convertir la migración en negocio, donde el cuerpo del migrante vale una cifra y su dignidad no vale nada. Bajo este esquema, los migrantes no solo son detenidos: son marcados, etiquetados como “violentadores”, forzados a autodeportarse y condenados a cargar con un estigma que los persigue más allá de la frontera. Es una estrategia que criminaliza la necesidad, castiga la pobreza y normaliza el abuso.

Frente a este escenario, el papel de las organizaciones mexicanas de migrantes en Estados Unidos se vuelve no solo relevante, sino imprescindible. Son ellas quienes documentan, denuncian y acompañan; quienes ponen rostro y nombre a las cifras que el sistema intenta deshumanizar.

La voz de Fuerza Migrante y de líderes como Avelino Meza no es solo una denuncia: es un acto de resistencia. Es el recordatorio de que, ante políticas que desbordan la legalidad, la defensa de los derechos humanos no puede ser opcional ni negociable.

Hoy más que nunca, la comunidad migrante organizada está obligada a alzar la voz, no solo para exigir justicia, sino para evidenciar que detrás de cada redada hay una historia, una familia y una vida que el sistema ha decidido ignorar.