Por Julio de Jesús Ramos García

La guerra entre Estados Unidos e Irán parece, a simple vista, un conflicto lejano, atrapado en la geografía convulsa de Medio Oriente y en la lógica del poder global. Pero para México, esa distancia es un espejismo. En un mundo interconectado por el petróleo, el comercio y la inflación, una guerra en el Golfo Pérsico no tarda en llegar a los bolsillos mexicanos. No lo hace con soldados ni con misiles, sino con gasolina más cara, presión sobre las finanzas públicas, nerviosismo en los mercados y menor margen para crecer.

La primera vía de contagio económico es el petróleo. El cierre casi total del Estrecho de Ormuz por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado comercializado en el mundo ha disparado la prima de riesgo energética. Reuters reportó este 24 de marzo que el Brent subió a 101.77 dólares por barril, mientras varias firmas ya contemplan escenarios mucho más extremos si la disrupción se prolonga. Goldman Sachs, por ejemplo, elevó su previsión para marzo y abril a un promedio de 110 dólares, e incluso advirtió riesgos de picos de 135 dólares por barril en un escenario severo.

A primera vista, alguien podría decir que eso beneficia a México porque somos país petrolero. Y sí, parcialmente. Un crudo más caro puede darle un respiro a las cuentas de Pemex y aumentar los ingresos vinculados a exportaciones petroleras. Pero esa lectura ya no alcanza para describir la realidad mexicana. México exporta petróleo, sí, pero importa una parte importante de los combustibles refinados que consume. Es decir, cuando sube el precio internacional del crudo, también sube el costo de las gasolinas y del diésel que mueve al país. Ahí está la trampa: el barril caro puede ayudar por un lado, mientras por el otro castiga el transporte, la producción y el consumo interno.

Por eso el gobierno mexicano ha tenido que reaccionar con subsidios. En días recientes, Hacienda activó estímulos fiscales a todos los combustibles: 61.8% para el diésel, 24.08% para la gasolina Magna y 7.47% para la Premium, además de sostener acuerdos para contener el precio de la Magna en torno a 24 pesos por litro. La decisión tiene una lógica política y social comprensible: evitar que el shock internacional se convierta en enojo doméstico. Pero también tiene un costo evidente: cada peso destinado a contener la gasolina es un peso menos disponible para otras prioridades públicas. México amortigua el golpe, sí, pero lo hace sacrificando espacio fiscal.

El problema de fondo es que esos subsidios no eliminan el impacto: sólo lo posponen o lo redistribuyen. La inflación termina encontrando otros caminos. Si el conflicto persiste, el encarecimiento de la energía se traslada al transporte de mercancías, a los alimentos, a la manufactura y a toda la cadena logística. El taxista paga más por operar, el transportista eleva tarifas, el productor absorbe costos hasta que ya no puede, y el consumidor final termina recibiendo la cuenta. Lo que empezó como una guerra lejana termina convertido en carestía cotidiana.

Además, hay otro efecto menos visible, pero igual de serio: la incertidumbre. Los conflictos bélicos de gran escala no sólo alteran precios; también congelan decisiones de inversión. Cuando el petróleo se vuelve impredecible, cuando los mercados se mueven al ritmo de amenazas y represalias, las empresas se vuelven más cautelosas. En un país como México, que necesita atraer inversión y consolidar crecimiento, un entorno global dominado por la volatilidad no ayuda. El dinero se vuelve más prudente, los proyectos más lentos y las expectativas más frágiles.

La ironía es brutal: México no decide esta guerra, pero sí paga parte de sus consecuencias. No participa en la estrategia militar de Washington, no controla el estrecho de Ormuz y no dicta la política de Teherán. Sin embargo, debe administrar los costos políticos, fiscales y sociales de una confrontación ajena. Esa es una de las mayores injusticias de la economía global: las grandes potencias exportan sus conflictos, y las economías intermedias importan sus crisis.

También hay un ángulo estructural que esta coyuntura deja al descubierto. México sigue siendo vulnerable a los choques energéticos externos porque no ha resuelto del todo su contradicción histórica: producir crudo, pero depender todavía en buena medida de combustibles refinados del exterior. Mientras esa ecuación no cambie, cada guerra en una zona petrolera del mundo será también una amenaza para la estabilidad mexicana. No basta con celebrar que suba el barril; hay que preguntarse cuánto de esa ganancia se evapora en subsidios, inflación y menor dinamismo económico.

En el fondo, la guerra entre Estados Unidos e Irán deja una lección incómoda para México: en la economía global, la soberanía tiene límites. Un conflicto a miles de kilómetros puede alterar la inflación local, presionar el presupuesto nacional y erosionar el poder adquisitivo de las familias. La guerra no sólo se libra con armas; también se libra con precios, con tasas, con subsidios y con incertidumbre. Y en esa batalla silenciosa, México vuelve a confirmar que, aunque no esté en el frente, nunca está completamente fuera de alcance.