+ Proteger a las audiencias es una obligación democrática. Permitir que el poder decida qué información es verdadera puede convertirse en algo muy distinto.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias “no tienen nada que ver con censura”. La aclaración es pertinente, aunque también inquietante: cuando un gobierno comienza una regulación negando que pretende censurar, conviene leer con cuidado la letra pequeña.
La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se encuentra en consulta pública. Contiene medidas necesarias: distinguir la publicidad de la información periodística, diferenciar hechos de opiniones, garantizar el derecho de réplica y ampliar la accesibilidad para personas con discapacidad.
El problema no está en reconocer esos derechos, sino en determinar quién podrá interpretarlos, vigilarlos y sancionar su incumplimiento.
El proyecto exige a las concesionarias adoptar medidas para no difundir información “falsa” o “descontextualizada”. Además, permite que la Comisión intervenga en inconformidades, realice monitoreos y requerimientos, y sancione infracciones con multas de hasta uno por ciento de los ingresos acumulables de los medios regulados.
¿Quién decidirá qué es falso, qué está descontextualizado y cuál es la interpretación correcta de los acontecimientos?
En una democracia, la verdad pública no puede ser administrada por el gobierno. Se construye mediante evidencia, contraste, investigación, debate y libertad para incomodar. Una autoridad puede desmentir información, ejercer su derecho de réplica o acudir a los tribunales. Lo que no debería hacer es convertirse simultáneamente en parte agraviada, intérprete de la verdad y autoridad reguladora.
La Comisión que aplicaría estas disposiciones no posee la autonomía constitucional que tuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aunque la ley le atribuya independencia técnica, operativa y de gestión. Sus integrantes son nombrados por la persona titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Por eso no basta con declarar que no habrá censura previa. La censura contemporánea rara vez necesita que un funcionario llegue a una redacción para prohibir una nota. Puede operar mediante procedimientos, requerimientos, quejas recurrentes, costos jurídicos y la amenaza de una sanción.
No siempre impide que se publique. Consigue que, antes de hacerlo, alguien decida que resulta más prudente callar.
El gobierno afirma que las multas serán el último recurso y que se privilegiará la autorregulación. Sin embargo, las instituciones no deben evaluarse sólo por las intenciones de quienes hoy las controlan, sino por el uso que podrían darles quienes lleguen mañana.
Las leyes no se escriben para gobernantes virtuosos. Se escriben para limitar gobernantes poderosos.
La discusión es todavía más delicada porque proviene de un régimen que ha convertido la conferencia presidencial en tribunal cotidiano de periodistas, medios y opositores. Desde Palacio Nacional se determina con frecuencia qué información merece llamarse verdad y cuál debe presentarse como mentira, montaje, campaña o conspiración.
Ahora esa misma concepción podría adquirir procedimientos administrativos, supervisión institucional y capacidad sancionadora.
El derecho de las audiencias debe proteger a los ciudadanos frente a los abusos de los medios. No debe proteger al poder frente al periodismo que le resulta incómodo.
Existe una línea muy delgada entre garantizar información responsable y establecer una verdad políticamente autorizada. Esa línea se llama independencia institucional. Cuando desaparece, la defensa de las audiencias puede convertirse en disciplina para los medios; y la disciplina de los medios, en control de la conversación pública.
No se trata de afirmar que mañana desaparecerá la libertad de expresión, sino de advertir cómo puede comenzar a reducirse: primero se define lo verdadero, después se identifica lo inconveniente y finalmente se sanciona a quien insiste en apartarse de la narrativa aceptada.
Así, casi sin advertirlo, podemos transitar de los derechos de las audiencias al control de las conciencias.
Las audiencias tienen derecho a recibir información plural, contrastada y responsable.
Lo que ningún gobierno tiene es el derecho de decidir qué debemos pensar.
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