Por Daniel Lee

El gobierno de Donald Trump ha modificado su estrategia antimigrante ante las crecientes denuncias y protestas por redadas masivas. Aunque mantiene operativos que derivan en la detención de cerca de mil personas al día, ahora ha comenzado a aplicar medidas menos visibles para restringir el acceso de migrantes indocumentados a empleo, vivienda, educación y servicios de salud.
Datos recientes entregados al Congreso estadounidense indican que durante 2025 se registró un promedio de 36 mil deportaciones mensuales.
Más allá de las cifras, lo que se consolida es un cambio de fondo: la política migratoria ya no se limita a expulsar personas, sino que busca hacer inviable su permanencia. La llamada “autodeportación” no es otra cosa que una estrategia de desgaste. No se obliga directamente a salir; se empuja a hacerlo. Se restringen derechos, se cierran oportunidades y se convierte la vida cotidiana en un proceso de asfixia constante.
En este diseño, el papel de Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump es central. Arquitecto de la política migratoria, ha impulsado medidas para acelerar deportaciones incluso a costa del debido proceso. La presión sobre jueces de inmigración —empleados del propio Ejecutivo— ha derivado en despidos masivos de quienes no cumplen con el ritmo esperado de expulsiones. El mensaje es inequívoco: la justicia migratoria debe alinearse con objetivos políticos.
El resultado es una erosión preocupante del Estado de derecho. La noción de que el gobierno no está obligado a ofrecer audiencias judiciales a personas consideradas “ilegales” rompe principios fundamentales. En la práctica, esto ya se traduce en detenciones arbitrarias: personas con documentos o procesos legales en curso son arrestadas por su apariencia, idioma o por no portar papeles en el momento. La sospecha sustituye a la legalidad.
Pero el endurecimiento más profundo ocurre fuera de los reflectores. La nueva fase de esta política se despliega en la vida diaria. La propuesta de negar vivienda pública a familias con integrantes indocumentados —aunque otros sean ciudadanos o residentes legales— no sólo castiga la irregularidad, sino que fragmenta núcleos familiares. Lo mismo ocurre con la cancelación de licencias, el acceso a créditos o las restricciones a programas educativos: cada medida suma presión hasta volver inviable cualquier proyecto de vida.
Este enfoque tiene un efecto expansivo. Ya no distingue con claridad entre migrantes documentados e indocumentados. Ambos quedan atrapados en un sistema que endurece requisitos, multiplica obstáculos y normaliza la exclusión. La legalidad deja de ser una garantía y se convierte en una condición precaria, sujeta a cambios administrativos y decisiones políticas.
Paradójicamente, mientras se endurece el discurso contra la migración irregular, también se limita la migración legal. Investigaciones recientes señalan que el número de entradas legales frenadas supera ampliamente al de las ilegales. Esto revela una política que no busca ordenar los flujos migratorios, sino reducirlos en su totalidad. No se trata de cómo se entra, sino de evitar que se entre.
Incluso dentro de sectores afines al gobierno comienzan a surgir inquietudes. Las deportaciones masivas y las nuevas restricciones generan tensiones políticas internas. Sin embargo, la respuesta no ha sido moderar el rumbo, sino profundizarlo mediante la presión a gobiernos estatales para replicar medidas restrictivas a nivel local.
Lo que emerge es una transformación del aparato estatal en un mecanismo de exclusión sistemática. La burocracia deja de ser un instrumento neutral para convertirse en una herramienta de control. Cada trámite, cada requisito, cada negativa construye un entorno hostil que empuja a los migrantes fuera del sistema, aun sin necesidad de expulsarlos físicamente.
Esta “fase silenciosa” resulta más efectiva precisamente porque es menos visible. No hay imágenes espectaculares ni operativos masivos que generen indignación inmediata. Hay, en cambio, una acumulación de barreras que desgastan, aíslan y expulsan de forma progresiva. Es una política que no sólo afecta a los migrantes, sino que redefine los límites de los derechos y la función del Estado.
Al final, la pregunta no es cuántas personas son deportadas, sino qué tipo de sociedad se construye bajo estas reglas. Un sistema que normaliza la sospecha, debilita el debido proceso y utiliza la precariedad como herramienta de gobierno no sólo gestiona la migración: transforma la relación entre el poder y los derechos. Y ese cambio, lejos de ser temporal, deja huellas profundas.

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