Por Daniel Lee

La discusión sobre la doble nacionalidad toca hoy un punto que no debería admitir ambigüedades: ¿puede un mexicano dejar de tener derechos políticos plenos por el simple hecho de haber nacido fuera del territorio nacional y haber adquirido otra nacionalidad?
Para el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM), la respuesta es un contundente: No.
Y su advertencia merece ser escuchada antes de que el Congreso convierta en reforma constitucional lo que podría significar una regresión histórica en los derechos de millones de mexicanos.
El pronunciamiento dirigido a la Cámara de Diputados y a la presidenta Claudia Sheinbaum pone el dedo en una herida profunda. Las modificaciones propuestas a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales, advierte el colectivo, afectarían “el núcleo esencial” del derecho a la participación política de los mexicanos en el exterior.
No es un asunto menor ni una discusión meramente jurídica. Detrás de esas modificaciones hay una pregunta de fondo: ¿qué significa ser mexicano?
Durante décadas, los mexicanos que emigraron y sus hijos nacidos fuera del país tuvieron que luchar precisamente para que la nacionalidad mexicana no se perdiera al adquirir otra. Esa batalla no fue gratuita. Respondió a una realidad social evidente: México dejó de ser un país cuyos ciudadanos podían ser definidos exclusivamente por el territorio donde nacieron.
Millones de mexicanos construyeron sus vidas en Estados Unidos, Canadá y otros países sin romper sus vínculos con México. Mandaron remesas, sostuvieron familias, financiaron comunidades, participaron en organizaciones, defendieron intereses mexicanos y, sobre todo, conservaron una identidad y una relación jurídica con su país de origen.
Ahora, paradójicamente, cuando México reconoce cada vez más la importancia de su comunidad en el exterior, aparece una propuesta que podría decirles: sí son mexicanos, pero no necesariamente con los mismos derechos políticos que los demás.
Ese es el verdadero problema.
Vicente Ortiz, de la Asociación de Jaliscienses Unidos y uno de los firmantes del pronunciamiento, lo resume con una expresión difícil de ignorar: se estaría creando una categoría de “mexicanos de primera y de segunda”. Unos conservarían íntegramente sus derechos políticos; otros, aun siendo mexicanos, podrían quedar impedidos para aspirar a determinados cargos de elección popular por haber nacido fuera del territorio nacional o por contar con otra nacionalidad.

De aprobarse en esos términos, un mexicano nacido en el extranjero podría votar, pagar impuestos en México, mantener su nacionalidad, participar en la vida pública y contribuir al país, pero encontrar una puerta cerrada cuando pretenda ejercer plenamente sus derechos políticos.
Eso no es una simple condición administrativa. Es una diferenciación de ciudadanía.
COLEFOM, una red trasnacional integrada por más de un centenar de federaciones y organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá, sostiene que la iniciativa carece de suficientes argumentos jurídicos, doctrinarios, científicos e históricos. Y tiene razón en plantear que una reforma constitucional de esta magnitud no puede construirse sobre una lectura limitada de la nacionalidad y la ciudadanía.
Porque nacionalidad y ciudadanía no son conceptos intercambiables. La primera establece un vínculo jurídico con el Estado; la segunda comprende derechos y responsabilidades dentro de la vida pública. Confundirlos o utilizarlos de manera indistinta puede producir consecuencias que van mucho más allá del texto de una reforma.
El problema se vuelve todavía más evidente cuando la propia propuesta pretende resolver un supuesto “vacío legal” modificando de manera drástica los requisitos para acceder a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Si existe una contradicción o una imprecisión en el artículo 32 constitucional, lo razonable sería corregirla de manera proporcional, precisa y jurídicamente sustentada. Lo que no parece razonable es convertir una supuesta omisión técnica en una restricción de derechos políticos fundamentales.
La pregunta debería ser elemental: ¿qué problema real se está intentando resolver?
Porque si la respuesta es evitar que una persona con otra nacionalidad pueda ocupar determinados cargos, entonces hay que explicar por qué el remedio debe alcanzar también a mexicanos que jamás renunciaron a su nacionalidad de origen, que mantienen vínculos con México y que, simplemente, nacieron al otro lado de una frontera.
La patria no se vuelve menos patria porque alguien haya nacido fuera de sus fronteras.

Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542