• EU convierte la expulsión en un negocio político

Por Daniel Lee

Ciudad de México 30 Octubre 2025.- Estados Unidos encontró una nueva forma de disfrazar su política de deportación masiva: pagar por irse. La reciente iniciativa del gobierno de Donald Trump de ofrecer un “bono” de 1,000 dólares a migrantes indocumentados que acepten regresar voluntariamente a su país es, en realidad, una sofisticada operación de control político y psicológico.

No se trata de ayuda humanitaria ni de reinserción: se trata de limpiar el territorio y maquillar las cifras de deportación bajo el lenguaje de la voluntariedad.

La medida se enmarca dentro del relanzamiento de los llamados “muros inteligentes”, un dispositivo que combina sensores, drones, cámaras térmicas y vigilancia aérea a lo largo de la frontera sur. A ello se suma un mensaje cuidadosamente orquestado desde la Casa Blanca y las embajadas: “No vale la pena arriesgarse, te van a detener”. La retórica del miedo se complementa con el señuelo del incentivo económico, ofreciendo un retorno “seguro y asistido” a través de la aplicación CBP Home, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mensaje del presidente Trump fue directo: “Si entras ilegalmente en Estados Unidos, irás a la cárcel, volverás al lugar de donde viniste o quizá vayas incluso más lejos.” La frase condensa la filosofía de su política migratoria: reducir el fenómeno humano a un problema logístico, donde el retorno se calcula como costo-beneficio y la expulsión se camufla como “decisión voluntaria”.

La narrativa oficial habla de “viaje seguro” y “asistencia logística”. Pero detrás del tono administrativo se esconde un mecanismo de desgaste. La aplicación CBP Home, presentada como una alternativa tecnológica y humanitaria, funciona en realidad como un sistema de autodenuncia: el migrante debe ingresar sus datos, ubicación y estatus migratorio para acceder al supuesto beneficio. Es decir, el propio migrante facilita la información que lo llevará de vuelta a su país.

El bono de 1,000 dólares —que en muchos casos apenas cubre el costo de traslado y alimentación— busca convertir el retorno en un acto de conveniencia, no de coerción. Pero detrás de cada “retorno voluntario” hay un contexto de hostigamiento: amenazas de detención, pérdida del empleo, imposibilidad de renovar documentos o el temor permanente de caer en una redada.

Ahora bien, el mayor impacto de esta medida recae, una vez más, sobre los migrantes mexicanos. De los más de 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos, alrededor del 48 % son de origen mexicano. Son quienes han edificado buena parte de las infraestructuras, campos agrícolas y cadenas de suministro que mantienen en pie a la economía estadounidense.

Sin embargo, su presencia se ha convertido en el principal objetivo del discurso político. No por razones de seguridad, sino por rentabilidad electoral. La administración Trump necesita mostrar resultados tangibles ante su base política, y la reducción de migrantes —aunque sea mediante salidas forzadas disfrazadas de voluntarias— es la métrica perfecta.

El bono de 1,000 dólares no es, por tanto, un estímulo humanitario, sino una forma de recompensar la obediencia. Se premia al que se va, no al que trabaja. Se reconoce al que abandona, no al que aporta.

El llamado “muro inteligente” es el rostro tecnológico de una política que busca invisibilizar la violencia estructural del control migratorio. No hay balas, pero hay algoritmos; no hay redadas televisadas, pero sí bases de datos que rastrean cada movimiento. Y, sobre todo, hay una narrativa diseñada para hacer creer que irse es una elección, no una imposición.

CBP Home representa la culminación de una lógica perversa: transformar el aparato de deportación en un sistema digital de “autogestión de retorno”. El migrante ya no necesita ser detenido: basta con que se convenza de que no tiene salida y que, además, reciba una mínima compensación por aceptar su derrota.

La pregunta que titula esta nueva campaña —“¿Estoy ilegal en Estados Unidos y quiero volver a mi país, cómo hago?”— encierra una trampa. No es una guía de retorno, sino un filtro de autoselección: identificar a quienes están dispuestos a abandonar el territorio por miedo, cansancio o desesperación. El bono no compra boletos de avión: compra silencio, compra estadísticas favorables, compra la ilusión de un control eficaz.

Trump no derriba muros: los digitaliza. No persigue migrantes: los convence de que se entreguen. La frontera se ha convertido en una plataforma, y la deportación, en una descarga voluntaria.

Lo que está en juego no es solo el destino de miles de mexicanos en Estados Unidos, sino el sentido mismo de la migración como derecho humano. Convertir el retorno en negocio, la persecución en trámite y la dignidad en recompensa es una de las mayores distorsiones políticas de nuestro tiempo.

Y detrás del bono, la misma verdad de siempre: ningún muro —ni físico, ni digital, ni psicológico— podrá contener la necesidad humana de buscar un lugar donde vivir con dignidad.

 

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