Publicado en edomexahora.com

•⁠ ⁠Mientras el gobierno estatal menciona que todo está bien, el CO ya en muchos años tiene en un puño cerrado a los sureños

Por Fernando Flores

Mientras el discurso oficial insiste en presumir reducciones estadísticas y mesas de coordinación, en buena parte del sur del Estado de México la realidad que describen ciudadanos, comerciantes, transportistas y familias enteras es otra: miedo, silencio y una creciente sensación de que amplias regiones viven bajo presión del crimen organizado.

Valle de Bravo, Donato Guerra, Amanalco, Villa Victoria, Villa de Allende, Colorines, Temascaltepec, Tejupilco y muchas más comunidades serranas llevan años apareciendo en conversaciones incómodas que rara vez llegan completas a los informes oficiales. Allí, los nombres de “El Pez” y “El Fresa”, líderes identificados públicamente de la Familia Michoacana, no son percibidos como referencias lejanas de notas policiacas nacionales, sino como símbolos de un poder criminal que muchos habitantes sienten cada vez más cercano a su vida cotidiana.

El problema ya no parece limitarse al narcotráfico tradicional. Lo que distintos sectores denuncian desde hace años es algo mucho más profundo y peligroso: una presunta estructura de control territorial y económico capaz de intervenir actividades comerciales, transporte, distribución de materiales, cobro de piso y dinámicas comunitarias enteras mediante intimidación.

La pregunta incómoda es inevitable:
¿cómo puede existir una percepción social tan extendida de control criminal mientras las autoridades sostienen que los delitos van a la baja?

La gobernadora Delfina Gómez y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México insisten constantemente en reducciones de homicidio, robo y delitos de alto impacto. Y posiblemente algunas de esas cifras sean técnicamente correctas. Pero reducir porcentajes no necesariamente significa recuperar territorios, reconstruir confianza ni devolver tranquilidad a las familias.

Porque hay delitos que rara vez aparecen completos en las estadísticas:
la extorsión no denunciada, las amenazas, el desplazamiento silencioso de familias, el miedo de comerciantes, los jóvenes atrapados por las adicciones y el terror de quienes prefieren callar antes que acudir al Ministerio Público.

En muchas comunidades del sur mexiquense, la verdadera cifra negra parece ser el silencio.

Y ese silencio tiene consecuencias devastadoras.

Cuando una población comienza a normalizar retenes criminales informales, pagos ilegales, halconeo, vigilancia de rutas o desapariciones de personas que “no obedecieron”, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad pública. Se convierte en una erosión gradual de la autoridad del Estado.

Lo más preocupante es que la percepción social ya no habla únicamente de narcomenudeo o tráfico de drogas. Habla de control económico regional. Habla de quién puede trabajar, transportar, vender, construir o circular sin problemas.

Eso representa una amenaza directa al tejido social y económico de una de las zonas turísticas más importantes del país.

Valle de Bravo no debería ser noticia por sospechas de corredores criminales, rutas de dinero ilícito o jóvenes destruidos por el consumo de drogas. Debería ser símbolo de turismo, naturaleza y desarrollo. Sin embargo, cada vez más habitantes expresan públicamente temor sobre lo que ocurre en caminos rurales, comunidades serranas y rutas de transporte.

Y el problema empeora cuando desde el poder se intenta transmitir una imagen de normalidad absoluta mientras la ciudadanía percibe otra cosa completamente distinta.

Negar el miedo colectivo no elimina el problema.
Minimizarlo tampoco.

El gobierno estatal y la Fiscalía mexiquense tienen la obligación no sólo de mostrar estadísticas, sino de demostrar control territorial real, investigaciones profundas y resultados visibles contra las estructuras criminales que durante años han sido vinculadas con la región sur del Estado de México.

Porque cuando miles de ciudadanos comienzan a sentir que el crimen organizado tiene más capacidad de intimidación que las propias autoridades, el deterioro institucional ya comenzó.

México no necesita propaganda de seguridad.
Necesita verdad, presencia del Estado y recuperación auténtica de sus territorios.

Y el sur del Estado de México hoy exige precisamente eso.