+ Salarios, empleos y la disputa por el futuro industrial de Norteamérica

Por Daniel Lee

Durante años se nos dijo que el libre comercio era una fórmula ganar-ganar. Que la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá generaría prosperidad compartida, cadenas de suministro más eficientes y mejores oportunidades para todos.

Sin embargo, a medida que se acerca la revisión del T-MEC, una realidad incómoda vuelve a colocarse sobre la mesa: los beneficios de la integración no se han distribuido de manera equitativa y el costo de esa desigualdad amenaza con convertirse en el principal campo de batalla político y económico de la región.

La reciente discusión entre autoridades laborales mexicanas y estadounidenses revela que el tema ya no gira únicamente alrededor de aranceles, inversiones o exportaciones.

El nuevo centro de gravedad del tratado es el trabajo.

Y detrás de esa palabra existe una pregunta que nadie quiere formular de manera directa: ¿puede Norteamérica seguir siendo competitiva si una parte importante de su modelo industrial depende de mantener bajos los salarios mexicanos?

La respuesta explica buena parte de las tensiones actuales.

Desde la entrada en vigor del antiguo TLCAN y posteriormente del T-MEC, México se consolidó como una potencia manufacturera. La industria automotriz es quizá el mejor ejemplo. Miles de millones de dólares llegaron al país atraídos por su ubicación geográfica, capacidad productiva, infraestructura exportadora y, sobre todo, por una mano de obra considerablemente más barata que la de Estados Unidos y Canadá.

Durante décadas, esa ventaja fue presentada como una fortaleza estratégica. Hoy comienza a ser vista por algunos sectores estadounidenses como un problema político.

La ofensiva lanzada por el sindicato United Auto Workers (UAW) refleja precisamente ese cambio de percepción. Su dirigente, Shawn Fain, sostiene que las empresas han utilizado la diferencia salarial para trasladar empleos manufactureros al sur de la frontera, debilitando comunidades industriales históricas en Estados Unidos.

No se trata de una acusación menor.

Durante años, ciudades enteras del llamado «cinturón industrial» estadounidense vieron cerrar fábricas, reducir plantillas o trasladar operaciones. Para miles de trabajadores norteamericanos, México dejó de ser un socio comercial para convertirse en el símbolo de empleos que desaparecieron.

Sin embargo, la narrativa tampoco cuenta toda la historia.

Porque mientras algunos sectores estadounidenses denuncian la pérdida de empleos, millones de trabajadores mexicanos continúan laborando bajo condiciones salariales que difícilmente reflejan la productividad que generan.

La paradoja es evidente: México produce más, exporta más y atrae más inversión, pero amplios sectores de su fuerza laboral siguen sin recibir una proporción justa de los beneficios.

Ahí radica la verdadera contradicción del modelo.

Durante años, la competitividad mexicana descansó en una combinación de disciplina laboral, bajos costos y estabilidad productiva. Pero un país no puede aspirar indefinidamente a competir únicamente por ser más barato. Tarde o temprano surge la necesidad de competir por innovación, tecnología, capacitación y valor agregado.

La reforma laboral impulsada en México durante los últimos años intentó precisamente corregir parte de ese desequilibrio. La democratización sindical, la legitimación de contratos colectivos y los mecanismos de supervisión laboral incorporados al T-MEC buscaban construir un mercado laboral más transparente y equilibrado.

Sin embargo, la pregunta que hoy formulan los sindicatos estadounidenses es si esos cambios han sido suficientes.

La respuesta probablemente sea incómoda para todos.

No lo han sido para quienes consideran que los salarios mexicanos siguen siendo demasiado bajos. Pero tampoco lo han sido para millones de trabajadores mexicanos que aún esperan que el crecimiento industrial se traduzca en una mejora sustancial de sus ingresos y condiciones laborales.

Lo más preocupante es que el debate corre el riesgo de desviarse.

El problema no es que los trabajadores mexicanos ganen demasiado poco porque sean más productivos o menos capaces. Tampoco es culpa de los trabajadores estadounidenses que defiendan sus fuentes de empleo.

El verdadero problema es un modelo económico que durante décadas permitió que la competencia entre países se construyera sobre diferencias salariales cada vez más profundas.

En otras palabras, los trabajadores de ambos lados de la frontera terminan discutiendo entre sí mientras las grandes corporaciones continúan aprovechando las ventajas del sistema.

Por eso la revisión del T-MEC representa mucho más que una negociación comercial.

Lo que está en juego es la definición del futuro industrial de Norteamérica. Si el tratado aspira a consolidar una región verdaderamente competitiva frente a China y otros bloques económicos emergentes, deberá encontrar una fórmula que combine productividad con bienestar laboral.

México tiene derecho a seguir siendo una potencia manufacturera. Estados Unidos tiene derecho a proteger a sus trabajadores. Pero ninguno de esos objetivos será sostenible si la integración económica continúa dependiendo de una brecha salarial que alimenta tensiones políticas permanentes.

La amenaza del UAW de abandonar el tratado puede sonar exagerada, pero funciona como una advertencia. La estabilidad del T-MEC ya no dependerá únicamente de las exportaciones o las inversiones. Dependerá de la capacidad de los tres países para construir un modelo donde la competitividad no sea sinónimo de salarios bajos y donde el crecimiento económico beneficie también a quienes hacen posible la producción.

Porque al final, el verdadero debate no es comercial.
Es social.

Y la pregunta que deberá responder la próxima revisión del T-MEC es tan sencilla como trascendental:

¿la integración económica de Norteamérica seguirá generando riqueza para unos cuantos o comenzará finalmente a generar prosperidad para quienes trabajan todos los días en sus fábricas, talleres y líneas de producción?