Por redacción

• Propiedades, fantasmas y poder, distintivo de impunidad

Huixquilucan, Estado de México. — La distancia entre el discurso político y la realidad del poder vuelve a colocarse en el centro del debate público. Esta vez, con un nombre que se repite entre propiedades de lujo, operaciones inmobiliarias cuestionables, señalamientos de violencia y un creciente malestar social: Enrique Vargas del Villar.
El caso no es menor. Un departamento en Miami valuado en 3.5 millones de dólares —cerca de 70 millones de pesos— ha encendido cuestionamientos no por su existencia, sino por su congruencia con el ejercicio del servicio público. Ubicado en una torre de alta gama, el inmueble contrasta de forma evidente con las condiciones de vida de millones de mexicanos.
Sin embargo, el foco no está en el lujo. Está en la opacidad.
En Huixquilucan, municipio que ha sido bastión político de su grupo durante más de una década, se documentó en 2017 la compra de un predio a nombre de una persona fallecida desde 1981. A partir de esa operación, el terreno fue transformado en un rancho de alta seguridad: bardas de casi cinco metros, cámaras de vigilancia, caballerizas, capilla y amplias áreas verdes. Un espacio que, más allá de lo privado, ha funcionado como punto de encuentro político.
Ese mismo año, en la Ciudad de México, se habría registrado otra adquisición inmobiliaria en condiciones similares: una propiedad comprada a nombre de una persona fallecida, donde incluso —según registros notariales— el propio Vargas del Villar habría fungido como representante legal de quien ya no vivía al momento de la transacción. No se trata de simples inconsistencias. Se trata de posibles mecanismos de simulación.
Pero.. ¿quién valida estas operaciones?, ¿dónde están los controles notariales?, ¿qué autoridades han permitido que este tipo de transacciones se concreten sin consecuencias?
El entramado se vuelve aún más delicado con la reciente transferencia del llamado “rancho” a un aliado político cercano, Anuar Roberto Azar Figueroa, actual dirigente estatal del PAN. Más que una compraventa, el movimiento apunta a una red de poder que opera bajo lógicas internas.
Pero el expediente no termina en lo patrimonial.
A lo largo de los años, diversos reportes periodísticos han documentado señalamientos de violencia en contra del propio Vargas del Villar. Entre ellos, una acusación por agresión física contra una familiar, presuntamente utilizando una botella, además de otros reportes de confrontaciones y conductas agresivas en distintos contextos.
A estos elementos se suman versiones que han comenzado a circular en el ámbito local y que, aunque requieren investigación formal, han alimentado el clima de tensión en el municipio. Habitantes y actores locales refieren la presunta operación de una red de vigilancia informal —descrita coloquialmente como “halcones”— que monitorearía movimientos y actividades en distintas zonas de Huixquilucan. Bajo estos señalamientos, se acusa que cualquier acción o postura contraria a intereses del grupo político dominante podría derivar en presiones, desde clausuras de negocios hasta agresiones físicas. Esto refleja un problema mayor: la percepción de control y miedo. Acaso son las formas de querer ganar votos? Es pregunta…
A ello se suma otro señalamiento particularmente sensible: la supuesta falta de seguimiento a casos de mujeres desaparecidas en el municipio. De acuerdo con voces locales, algunos expedientes no avanzan o quedan archivados, lo que —afirman— contribuye a sostener la narrativa de que Huixquilucan es un territorio seguro. Este punto, de alta gravedad, tampoco cuenta con pronunciamientos claros que disipen las dudas.
En la era digital, donde videos y registros circulan con rapidez, la percepción pública se construye con base en hechos, pero también en silencios.
Y en Huixquilucan, el silencio pesa.
El desgaste social es evidente. Habitantes del municipio expresan un creciente hartazgo no solo por los señalamientos de violencia, sino por la acumulación de poder y recursos en un mismo grupo político. Denuncian que, durante años, propiedades, terrenos y decisiones clave han quedado concentrados en una élite que hoy identifican como un “porfiriato moderno”: una familia que, aseguran, ha mantenido el control político del municipio por al menos 12 años.