Por Daniel Lee

+ El caso Haghenbeck exhibe las fallas de la JAP en la CDMX

El sector de la asistencia privada en la Ciudad de México atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. A pocos meses del relevo en la presidencia de la Junta de Asistencia Privada (JAP), el caso de presuntas irregularidades en la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck —una de las instituciones emblemáticas del sistema— ha encendido las alertas sobre la eficacia real del órgano encargado de vigilarla.

La controversia no es menor. Reportes periodísticos, resoluciones judiciales y denuncias ciudadanas han documentado irregularidades patrimoniales, omisiones administrativas y conflictos legales que ocurrieron bajo la supervisión directa de la JAP, presidida por Juan Fernando de la Paz Balzaretti Ramírez. El caso pone en entredicho no solo la actuación de una fundación en particular, sino la capacidad del organismo regulador para garantizar transparencia, legalidad y respeto a la voluntad de los donantes.

Investigaciones periodísticas han revelado que la Fundación Antonio Haghenbeck habría realizado movimientos para no reportar de manera íntegra fondos e inmuebles heredados, algunos de ellos utilizados con fines comerciales sin reflejarse plenamente en los estados financieros oficiales. Auditorías previas de la propia JAP señalaron que decenas de propiedades estaban en proceso de regularización, pero solo una fracción había sido incorporada formalmente a las cuentas de la institución.

Estas observaciones, lejos de derivar en sanciones ejemplares o correcciones de fondo, permanecieron durante años en un terreno administrativo ambiguo, alimentando la percepción de tolerancia institucional frente a prácticas que contravienen los principios básicos de la asistencia privada.

Sanciones judiciales y desacato

A este historial se suman resoluciones judiciales recientes. En febrero de este año, un tribunal de la Ciudad de México impuso una multa a la Fundación Haghenbeck por incumplir una diligencia ordenada para la entrega de un predio, luego de que no se permitiera el acceso a actuarios judiciales. El hecho quedó asentado en autos y reforzó la imagen de una institución renuente a acatar resoluciones legales.
El conflicto por ese predio, ocupado durante décadas por el Refugio Franciscano, detonó además una disputa pública de alto impacto. Organizaciones animalistas y ciudadanos denunciaron el desalojo del refugio y la ruptura con el espíritu testamentario del filántropo Antonio Haghenbeck, cuyo legado estaba orientado al bienestar animal y la asistencia social.

Las críticas no se limitaron a los tribunales. Peticiones ciudadanas y pronunciamientos públicos han acusado a la Fundación y a las autoridades supervisoras de alterar estatutos y permitir la disposición de bienes en contra de la voluntad original del fundador. Aunque la Fundación ha defendido sus acciones bajo argumentos legales y administrativos, el daño reputacional ya está hecho.

El caso se volvió aún más sensible tras la intervención de autoridades capitalinas en el Refugio Franciscano, donde se detectaron condiciones graves de maltrato animal. Para amplios sectores de la opinión pública, el episodio se convirtió en símbolo de un sistema asistencial mal supervisado, reactivo y opaco.

En el centro del debate está la Junta de Asistencia Privada. Por mandato legal, la JAP debe vigilar, auditar y sancionar a las Instituciones de Asistencia Privada. Sin embargo, el cúmulo de irregularidades documentadas en la Fundación Haghenbeck ocurrió sin que se activaran mecanismos de corrección oportunos ni medidas ejemplares.

La pregunta es inevitable: ¿falló la supervisión o hubo permisividad? Para críticos del sistema, el caso refleja un modelo agotado, donde la cercanía entre regulador e instituciones supervisadas debilita la rendición de cuentas.

La decisión política pendiente

El escándalo estalla en un momento clave, cuando se prepara el relevo en la presidencia de la JAP. Ahora, la presión se traslada al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada. La decisión es política y administrativa: ordenar una revisión profunda del funcionamiento de la JAP y del respeto a la voluntad de los mecenas, o permitir una sucesión interna que prolongue las dudas sobre la transparencia del organismo.

Para el sector asistencial, el dilema es claro. La confianza pública -indispensable para donaciones, legados y trabajo social- depende de reglas claras y vigilancia efectiva. El caso Haghenbeck ha dejado al descubierto que, sin una reforma de fondo, la asistencia privada corre el riesgo de convertirse en un territorio de sombras donde el control es la excepción y no la regla.