Por Daniel Lee

Una nueva directiva del Departamento de Estado de Estados Unidos ordena a los funcionarios consulares negar visas de residencia a solicitantes que padezcan obesidad, diabetes u otros padecimientos crónicos, al considerarlos potenciales beneficiarios de asistencia médica pública.
La medida, difundida a embajadas y consulados estadounidenses, forma parte del criterio de “carga pública” que la administración de Donald Trump busca reforzar como filtro migratorio. El objetivo, según el documento, es evitar que personas con enfermedades que puedan requerir tratamientos prolongados o costosos representen un gasto para el sistema de salud federal.
De acuerdo con las instrucciones internas, los funcionarios deberán revisar el historial médico de los solicitantes y evaluar si su condición física o mental podría convertirlos en dependientes de programas de ayuda pública. Entre los padecimientos señalados se encuentran enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, metabólicas, cáncer, diabetes y obesidad.
El documento también exige comprobar si los solicitantes cuentan con recursos económicos o un seguro médico privado que les permita cubrir gastos de atención sin recurrir a fondos públicos.
Con esta disposición, los oficiales consulares obtienen una amplia discrecionalidad para negar una visa basándose en previsiones médicas y no en hechos comprobables, lo que ha generado preocupación entre abogados y organizaciones civiles.
Activistas y especialistas en derechos humanos advirtieron que la regla podría derivar en miles de rechazos arbitrarios, sobre todo entre migrantes latinoamericanos, donde la prevalencia de obesidad y diabetes es elevada.
Hasta ahora, las evaluaciones médicas requeridas para obtener una visa se limitaban a detectar enfermedades transmisibles como tuberculosis o VIH. Sin embargo, la nueva política amplía el control sanitario a padecimientos no contagiosos, transformando la salud personal en un criterio económico.
Organizaciones civiles en Estados Unidos como la American Medical Association (AMA)han manifestado su oposición a políticas que vinculan el estado de salud o la utilización de programas públicos con la inadmisibilidad migratoria.
Por ejemplo, afirma que dichas reglas “aumentan drásticamente la probabilidad de que inmigrantes con estatus legal y sus familias eviten beneficios de salud o nutrición con el fin de no afectar su situación migratoria”.
LA Association of American Medical Colleges (AAMC)es otra de esas organizaciones. En su pronunciamiento sobre la regla de “public charge”, advierte que desencadenaría que personas que califican legalmente para servicios de salud y vivienda eviten solicitarlos, lo que “potencialmente agrava enfermedades y aumenta los costos cuando la condición se vuelve demasiado grave para ignorarla”

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