Por Daniel Lee

En medio de la brutal ofensiva migratoria conocida como Operación Midway Blitz, el Estado de Illinois decidió hacer lo que el gobierno federal se niega a asumir: ponerle nombre, rostro y responsabilidad al abuso.

La creación de la Illinois Accountability Commission, que firmó el gobernador J.B. Pritzker y la cual encabezó el ex juez federal Rubén Castillo, marca un punto de inflexión en la defensa de los derechos humanos dentro de Estados Unidos.

El nombramiento de Castillo —primer juez federal hispano en Illinois, hijo de migrantes y testigo directo de la desigualdad estructural en Chicago— no es una casualidad.

Es una declaración política y moral. Al frente de esta comisión, acompañada por figuras como Linda Tortolero, ex directora de Mujeres Latinas en Acción busca documentar y denunciar lo que ya se ha convertido en una crisis de legalidad: la detención arbitraria de más de mil quinientas personas, muchas de ellas ciudadanas estadounidenses, durante redadas ejecutadas con violencia y sin orden judicial.

La llamada Midway Blitz, lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Trump, no es un operativo de seguridad: es una operación de miedo.

La escena ocurrida en La Villita*, corazón latino de Chicago, lo demuestra. Agentes armados irrumpieron en la Calle 26, detuvieron con brutalidad a siete personas —una de ellas ciudadana estadounidense— y enfrentaron la resistencia digna de una comunidad que ya no se deja amedrentar.

Los gritos de “ICE go home” y el cerco ciudadano que obligó a los agentes a retirarse son hoy símbolo de una resistencia civil que se niega a ser silenciada.

El gobernador Pritzker lo dijo con claridad: “Nada de esto tiene que ver con la seguridad nacional”. Y tiene razón. Si el propósito fuera proteger, habría coordinación con las autoridades locales, protocolos de justicia y respeto al debido proceso. En cambio, lo que hay es una maquinaria de intimidación institucionalizada que confunde la autoridad con la fuerza, y la seguridad con el castigo.

 

La comisión de Illinois no resolverá por sí sola la crisis, pero sí puede romper el muro de impunidad. Su mandato —crear un registro público de las acciones de ICE, recopilar pruebas audiovisuales y emitir recomendaciones legales— es un acto de soberanía moral en un país que parece haber olvidado que el Estado de derecho no se aplica según el color de piel o el acento del detenido.

La operación Midway Blitz ha revelado lo peor del poder federal y lo mejor de la ciudadanía.

Entre la brutalidad y la resistencia, Illinois está trazando un camino distinto: el de la rendición de cuentas, la memoria y la dignidad. Si esta comisión logra documentar con rigor los abusos, no solo servirá como espejo de vergüenza nacional, sino como precedente jurídico y político para detener futuras redadas.

Porque frente a la violencia de Estado, documentar es resistir, y en tiempos de persecución, la verdad —cuando se nombra con coraje— se convierte en el acto más profundo de justicia.

 

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