Por Daniel Lee

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera temporal la decisión de la administración de Donald Trump de cancelar el estatus legal de entre 10 000 y 12 000 migrantes latinoamericanos que permanecen en el país bajo programas de parole humanitario de reunificación familiar, una medida que habría dejado en la ilegalidad inmediata a personas con vínculos familiares permanentes y procesos migratorios en curso.
La resolución judicial, emitida desde una corte federal en Massachusetts, impide por ahora que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ponga fin de manera abrupta a estos permisos temporales, los cuales permiten a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras esperan la resolución de sus visas. El fallo representa un freno significativo a la ofensiva de la actual administración contra programas migratorios heredados de gobiernos anteriores .
Un recorte administrativo sin debido proceso
De acuerdo con el tribunal, el intento del gobierno federal de terminar el programa incurre en fallas graves de procedimiento, al no respetar los estándares mínimos establecidos por la Administrative Procedure Act (APA), que exige justificación clara, análisis de impacto y garantías de debido proceso antes de retirar beneficios otorgados legalmente. La corte cuestionó que el DHS pretendiera retirar el estatus sin evaluaciones individuales, pese a que los beneficiarios ya habían pasado filtros de seguridad y verificación de antecedentes .
La jueza advirtió que permitir la cancelación inmediata del parole colocaría a miles de personas ante un dilema extremo: abandonar el país de forma forzada o enfrentar procesos de deportación, con consecuencias irreversibles para su estabilidad familiar, laboral y migratoria futura.
Familias en la mira de la política migratoria
Los programas de parole de reunificación familiar fueron diseñados para reducir la migración irregular y evitar separaciones prolongadas, permitiendo que esposos, hijos o padres de ciudadanos y residentes legales esperen su visa dentro de EU. La intención de eliminarlos responde a una narrativa de “mano dura” que prioriza el castigo administrativo sobre la gestión ordenada y humanitaria de la migración .
Organizaciones civiles han advertido que la cancelación del programa no solo habría afectado a los migrantes, sino también a comunidades locales, empleadores y economías regionales que dependen de esta fuerza laboral ya integrada.
Un pulso entre el poder judicial y la Casa Blanca
Este bloqueo judicial no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de decisiones de tribunales federales que han limitado los intentos del gobierno de Trump de desmontar protecciones migratorias mediante decretos administrativos, sin sustento legal sólido. El caso vuelve a colocar al poder judicial como contrapeso frente a políticas migratorias regresivas que buscan redefinir el estatus legal de miles de personas por la vía rápida .
Aunque la orden es temporal, el mensaje es contundente: la migración no puede gestionarse al margen del Estado de derecho ni utilizarse como herramienta de confrontación política.
Lo que está en juego
Más allá del número de personas beneficiadas, el caso expone un debate de fondo: si un gobierno puede retirar de manera discrecional derechos migratorios previamente concedidos, aun cuando las personas hayan cumplido con los requisitos legales. Para miles de familias latinoamericanas —incluidas mexicanas— el fallo representa un respiro momentáneo, pero también evidencia la fragilidad de los mecanismos de protección migratoria en Estados Unidos.
El proceso judicial continuará. Su desenlace podría sentar un precedente clave para otros programas de parole y para el futuro inmediato de la política migratoria estadounidense.
Impacto directo en familias mexicanas
Aunque el programa alcanza a migrantes de distintos países de América Latina, las familias mexicanas en Estados Unidos se encuentran entre las más vulnerables ante este tipo de decisiones administrativas, debido a los largos tiempos de espera para visas familiares, que en algunos casos superan 10 o incluso 20 años.
Para miles de mexicanos, el parole humanitario ha sido la única vía legal para evitar la separación prolongada de hijos, cónyuges o padres mientras avanzan trámites migratorios estancados por rezagos estructurales.
La cancelación del estatus habría colocado a estas familias ante un escenario de ruptura forzada, pérdida de empleo y riesgo de deportación, profundizando una realidad ya marcada por la incertidumbre jurídica y la ausencia de mecanismos eficaces de protección consular.

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