Por Daniel Lee

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la batalla política y jurídica sobre la migración en Estados Unidos, la Corte Suprema frenó este martes el intento del presidente Donald Trump de eliminar, mediante un decreto, el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación migratoria irregular.
Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal recordó que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, vigente desde 1868, reconoce como ciudadanos estadounidenses a todas las personas nacidas en territorio nacional, sin importar la condición migratoria de sus padres.
El fallo representa una derrota para una de las propuestas más emblemáticas de la agenda migratoria de Trump, pero también reivindica uno de los pilares históricos del constitucionalismo estadounidense: los derechos fundamentales no pueden modificarse por decreto ni convertirse en moneda de cambio electoral.
La resolución llega en uno de los momentos de mayor polarización política que vive Estados Unidos. La migración ha dejado de ser un desafío administrativo para convertirse en el eje de una narrativa que explota el miedo, la incertidumbre y el nacionalismo como instrumentos de movilización política. En ese escenario, los migrantes han dejado de ser vistos como personas para convertirse en el blanco de un discurso que los responsabiliza de problemas económicos, sociales y de seguridad.

La reacción del presidente Trump fue inmediata. Convocó al Congreso a eliminar la ciudadanía por nacimiento al considerarla una práctica «costosa e injusta». Su asesor Stephen Miller fue todavía más lejos al sostener que la ciudadanía estadounidense no constituye un derecho universal y que mantener ese principio conduciría a una supuesta «autodestrucción nacional». Se trata de una visión que pretende redefinir la identidad de Estados Unidos desde la exclusión y no desde los valores constitucionales que le dieron origen.
La historia demuestra exactamente lo contrario. La Decimocuarta Enmienda fue aprobada después de la Guerra de Secesión para garantizar que ningún gobierno pudiera decidir arbitrariamente quién merece ser ciudadano y quién no. Nació para proteger la igualdad jurídica de los antiguos esclavos y de sus descendientes, estableciendo que la ciudadanía no depende del origen, la raza ni de las circunstancias familiares. Por ello, el fallo de la Corte Suprema trasciende el debate migratorio: reafirma que la Constitución existe para poner límites al poder político, incluso cuando éste goza de respaldo popular.
La controversia también evidencia una contradicción que Estados Unidos arrastra desde hace décadas. Mientras algunos sectores políticos responsabilizan a los migrantes de los problemas nacionales, la economía estadounidense continúa dependiendo de millones de trabajadores extranjeros para sostener actividades esenciales como la agricultura, la construcción, el transporte, la industria alimentaria, los servicios y la atención médica.
La resolución de la Corte Suprema confirma algo que las organizaciones binacionales como #FuerzaMigrante han sostenido durante años: los derechos de las familias migrantes no pueden depender de los ciclos electorales. La ciudadanía por nacimiento no sólo protege a niñas y niños; protege la estabilidad de millones de hogares que viven y trabajan entre dos naciones profundamente interdependientes. Defender ese principio es defender la certidumbre jurídica, la unidad familiar y la dignidad de quienes contribuyen todos los días al desarrollo económico de Estados Unidos y México.

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