Por Daniel Lee

Las redadas del ICE no solo separan familias; desmantelan economías familiares completas.
Y hoy hablemos de esta otra reallidad: La vivienda… La que representa el principal patrimonio y símbolo de estabilidad para millones de personas, se convierte en el primer sacrificio cuando desaparece el ingreso principal. El resultado es visible en las calles de ciudades como Denver, donde organizaciones civiles reportan cientos de familias sin refugio y albergues completamente saturados.
Mientras las deportaciones crecieron de manera acelerada en estados como Colorado y alcanzaron cientos de miles en todo Estados Unidos durante 2025, miles de familias comenzaron a enfrentar esa realidad mucho más cruel que la propia separación: quedarse sin un lugar donde vivir. La deportación no sólo expulsa a una persona del territorio estadounidense; expulsa también la estabilidad económica de hogares enteros.
De acuerdo con organizaciones como la Housekeys Action Network en Denver, por ejemplo hay hasta 400 familias en la calle porque ya no hay espacio para ellas.
Activistas estadunidenses y migrantes sin hogar se han reunido con Cole Chandler, director ejecutivo del Departamento de Vivienda y Estabilidad de Denver. El más reciente encuentro tuvo lugar en un salón de la Biblioteca Central, ahí se solidarizaron de una manera sencilla pero significativa repartieron galletas, frutas y cajitas con sándwiches de roast beef, el gesto también se extendió entre indigentes acurrucados en la zona de los libros junto a viejas maletas
Insisto: Cuando un padre o una madre es detenido durante una redada, las cuentas no desaparecen. La hipoteca sigue llegando. La renta continúa acumulándose. Los pagos del automóvil, los seguros, los servicios básicos y la alimentación de los hijos mantienen el mismo costo, aunque el principal sostén económico ya no esté. La consecuencia es inevitable: muchas familias terminan en la calle.
Los testimonios documentados en Denver reflejan una tragedia que se multiplica silenciosamente. Raquel observa, una y otra vez, el video donde su esposo, originario de Zacatecas, es esposado por agentes migratorios. Mientras revive esa escena, no habla de política ni de leyes. Habla de algo mucho más cotidiano: cuatro hijos, una casa, dos automóviles y una montaña de cuentas que ya no podrá pagar.
Ese es uno de los tantos rostros de la deportación. Lo más preocupante es que este fenómeno comienza a convertirse en un círculo de exclusión prácticamente imposible de romper. Una familia que pierde su vivienda también pierde acceso a servicios básicos, estabilidad laboral, educación continua para los hijos y atención médica. El riesgo de caer en pobreza extrema aumenta de manera exponencial.
Paradójicamente, muchos de quienes hoy viven esta emergencia son trabajadores que durante años sostuvieron sectores enteros de la economía estadounidense. Construcción, agricultura, servicios, hoteles, restaurantes, transporte y mantenimiento dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Son personas que pagaron impuestos, consumieron, rentaron viviendas y contribuyeron al desarrollo de las comunidades donde vivían. Sin embargo, cuando una deportación rompe ese equilibrio, el sistema parece olvidar rápidamente su aportación.
En este contexto, también resulta imposible ignorar un dato revelador: los latinos representan cerca de una tercera parte de la población sin hogar en Estados Unidos, pese a constituir aproximadamente una quinta parte de la población total. Esta desproporción no puede explicarse únicamente por factores económicos. Refleja vulnerabilidades estructurales asociadas al estatus migratorio, la precariedad laboral, el limitado acceso a redes de protección social y el impacto directo de políticas de deportación cada vez más agresivas.
La migración no debería medirse únicamente por el número de personas expulsadas de un país. También debería evaluarse por el número de hogares destruidos, de niños desplazados, de proyectos familiares cancelados y de comunidades fracturadas.

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