Por Luis Sunderland Méndez

25 de septiembre de 2026

El futuro de la presidenta Sheinbaum no parece sencillo. Desde el principio de su administración ha tenido que desenvolverse entre dos fuerzas políticas y estratégicas que condicionan su margen de acción: el legado político de Andrés Manuel López Obrador y la presión creciente de Donald Trump, particularmente en materia de seguridad y narcotráfico.

La posibilidad de que el gobierno mexicano tenga que hacer concesiones ante algunas de las exigencias de Washington ya no parece una hipótesis lejana. El punto de mayor tensión podría estar precisamente en el combate al narcotráfico y en los señalamientos estadounidenses sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos.

Desde enero, la administración Trump ha endurecido su discurso contra los cárteles. Estados Unidos los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras y ha incrementado la presión para que México actúe contra estructuras criminales que, de acuerdo con Washington, tienen capacidad para controlar amplias zonas del territorio mexicano.

El 16 de septiembre, Trump reconoció los avances del gobierno de Claudia Sheinbaum: mayores decomisos de drogas, desmantelamiento de laboratorios y despliegue adicional de fuerzas de seguridad en la frontera. Pero, al mismo tiempo, reclamó mayores inspecciones aduaneras, más inversión en seguridad y acciones contra funcionarios públicos que hayan ayudado o encubierto a los cárteles.

Seis días después, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, volvió a insistir en que México debe enfrentar con mayor firmeza a las organizaciones criminales que operan en su territorio. Trump destacó que mantiene una buena relación con México, pero calificó como inaceptable compartir una frontera con zonas bajo control del crimen organizado.

Sheinbaum ha intentado mantener una posición de cooperación con Washington sin aceptar subordinación. El 17 de septiembre respondió a las exigencias de Trump afirmando que México conoce sus problemas y actúa todos los días. También pidió a Estados Unidos informar sobre sus propios resultados frente al narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el consumo de drogas.

El problema para el gobierno mexicano es que la presión estadounidense ya no se limita a pedir más decomisos o más operativos. Ahora incluye de manera explícita la exigencia de investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

Y ahí aparece una dificultad política mayor.

El 12 de mayo, el director de la DEA, Terrance Cole, declaró ante el Senado estadounidense que el caso de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico era “solo el comienzo” de lo que vendría en México. Cole afirmó además que durante años había existido colaboración entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos. Se trata de señalamientos provenientes de una autoridad estadounidense que deberán sostenerse, en cada caso, con investigaciones y pruebas.

Para Sheinbaum, el margen de maniobra es estrecho.

Si acepta que las investigaciones alcancen a figuras políticamente relevantes de su propio movimiento, puede enfrentar un costo interno importante. Si rechaza cualquier señalamiento antes de que existan investigaciones concluyentes, corre el riesgo de que su discurso sea interpretado como una defensa política de quienes pudieran estar involucrados.

Ahí está el verdadero dilema.

La presidenta puede defender la soberanía mexicana y, al mismo tiempo, reconocer que ningún funcionario debe estar por encima de la ley.

Puede reclamar a Estados Unidos por el tráfico de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas y, al mismo tiempo, investigar en México cualquier posible relación entre servidores públicos y organizaciones criminales.

Una cosa no cancela la otra.

Por eso, más que hablar de una inevitable “claudicación”, el escenario que comienza a dibujarse es el de una creciente presión para tomar decisiones que tendrán costos políticos, tanto dentro como fuera del país.

El gobierno tendrá que decidir hasta dónde llega la cooperación con Washington y, sobre todo, hasta dónde está dispuesto a llevar sus propias investigaciones.

El combate al narcotráfico ya no se reduce a detener delincuentes.

También implica demostrar que las instituciones pueden investigar al poder cuando existen indicios suficientes.

La soberanía no significa que México tenga que aceptar las decisiones de otro país.

Significa también que México tenga la capacidad de investigar, juzgar y sancionar, conforme a sus propias leyes, a quienes eventualmente hayan utilizado el poder público para proteger intereses criminales.

Ese será uno de los desafíos más delicados para la presidenta Sheinbaum.

No solamente frente a Donald Trump.

También frente a su propia historia política.