Por Orlando Linares López

Durante la última década, México ha vivido con una realidad compleja para el bienestar de sus habitantes: más del 54% de la población ocupada trabaja en la informalidad; condición que no solo limita el crecimiento económico del país, sino que vulnera el presente y el futuro de millones de familias.

De acuerdo a la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son cerca de 33 millones de personas que trabajan sin tener acceso a seguro social, ni aguinaldo, ni afore, ni otros derechos laborales.

En ese universo, más allá de las estadísticas, hay historias silenciosas de muchos padres y madres de familia que venden productos en la calle, sin acceso a seguridad social; trabajadores sin prestaciones ni vacaciones; jóvenes que, pese a contar con estudios, les exigen experiencia y, en el mejor de los casos, encuentran oportunidades laborales sin contrato y con ingresos inciertos.

Son millones de rostros de personas y familias enteras que trabajan de sol a sol, pero no cotizan para una pensión, no cuentan con incapacidades pagadas, ni con un seguro médico para cuando la salud se complica.

La informalidad laboral genera un círculo difícil de romper. Quienes laboran en ella, tienen menores ingresos y pocas posibilidades de acceder a créditos; enfrentan mayores dificultades para adquirir una vivienda y no están cubiertos ante accidentes o enfermedades; tienen menores posibilidades de construir un patrimonio o planear un futuro con tranquilidad.

Las consecuencias de la informalidad, además, van más allá del ámbito familiar, son un lastre para el desarrollo nacional. Disminuye la recaudación fiscal, reduce la inversión en infraestructura, salud y educación, limita la productividad nacional, restringe el crecimiento económico, entre otros elementos, que no contribuyen a la generación de empleos formales.

Asimismo, reconocer el problema no debe llevar a la desesperanza, sino a la acción y tener mayor conciencia que revertir esta condición implica, entre muchas cosas, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, simplificar los procesos para formalizar negocios, reducir los costos administrativos y fiscales para quienes desean cumplir con la ley y ampliar los incentivos para generar empleos formales.

De igual manera, se requiere impulsar la capacitación laboral, promover la educación técnica y vincular mejor la formación profesional con las necesidades del mercado de trabajo, dotar a los jóvenes de herramientas reales para adquirir experiencia e insertarse a empleos con derechos.

En el nivel marco económico, dicen los expertos, es fundamental construir un entorno económico que genere confianza para la inversión, tanto nacional como extranjera. Cuando las empresas encuentran condiciones favorables para crecer, aumentan las oportunidades de empleo formal, mejor remunerado y con prestaciones que brindan estabilidad a los trabajadores y sus familias.

En dicho proceso, la formalidad conlleva a una oportunidad para dignificar el trabajo y fortalecer el tejido social. Cada empleo formal representa una familia con mayor seguridad, un trabajador con acceso a servicios de salud, un joven con posibilidades de desarrollo y un adulto mayor con la esperanza de contar con una pensión para su retiro.

La informalidad laboral -que limita sueños, frena oportunidades y compromete el futuro de millones de familias- no se resolverá con acciones aisladas, sino mediante una estrategia integral y de largo plazo.

Muchas acciones han demostrado que en los mexicanos hay talento, capacidad y la fuerza laboral para consolidar una economía más competitiva e incluyente. Apostemos por un país más justo, más productivo y con mejores oportunidades.