Por Miguel Tirado Rasso

Ante estos hechos, tanto el INE como
el Tribunal Electoral han guardado
un silencio ensordecedor, evidencia de
su calidad de autoridades a modo.

Quien debería ser ejemplo de respeto a la ley, por aquello de su calidad de partido en el poder, es el primero en infringirla. Morena parece considerar que, precisamente, por esta circunstancia, puede violarla, un poquito o tal vez no tan poquito, sin que la autoridad electoral se atreva a obligarlos a que se ajusten a lo ordenado por la legislación, bajo amenaza de aplicarles una sanción. Algo que difícilmente sucedería.

El pasado 7 de marzo, en su Vll sesión ordinaria del Consejo Nacional, la dirigencia de Morena anunció, las reglas, tiempos y método que regularán la selección de las candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027. En esa sesión y como información estelar se dio a conocer el calendario para el proceso interno de selección de aspirantes a cargos de elección popular.

De acuerdo a este calendario, para el 3 de junio del año en curso se hará el registro para coordinaciones distritales federales (en realidad, precandidatos a una diputación federal). El 22 del mismo mes, tocará el registro para coordinadores estatales (precandidatos a una gubernatura); el 21 de septiembre, para coordinaciones municipales (para aspirantes a una alcaldía), y el 8 de noviembre para coordinaciones distritales locales (precandidatos a una diputación estatal).

En estos tiempos de la 4T, basta con cambiarle el nombre a los aspirantes, de precandidatos por el de Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, para librar la prohibición de actos anticipados de campaña. Esto, no obstante que los coordinadores en realidad son los precandidatos, según lo reconocen y anuncian sin rubor los propios morenistas. Al hacer una interpretación literal de la ley, argumentan que la norma habla de precandidatos, no de coordinadores, por lo que estos no están en el supuesto de la ley. Conveniente interpretación que ignora el espíritu de la ley, su motivo y objetivo.

Pero, esta artimaña les ha dado resultado en procesos electorales anteriores, permitiéndoles a sus “Coordinadores” ventajas como contar con más tiempo de campaña y realizar actos expresamente prohibidos por la ley, alegando que solo están realizando actividades de fortalecimiento de su movimiento, cuando en realidad, están haciendo proselitismo.

La ley establece que “los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo…antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato” (Art. 226, párrafo 3, LGIPE). De acuerdo a la norma electoral, el inicio de las precampañas no puede ser antes de la tercera semana de diciembre del año anterior de la elección. En este caso, de 2027.

Pues resulta que, siguiendo el mal ejemplo de Morena, otros partidos se las han ingeniado cambiándole también el nombre a sus precandidatos. “Defensores de la Nación,” bautizó el PRI a los suyos; los del PVEM son los Guardianes Verdes; los Coordinadores del Cambio y la Defensa de la Familia son los del PAN. Una burda chapuza para darle la vuelta a los actos anticipados de campaña y arrancar, de una vez, con la promoción de sus aspirantes.

El desorden lo inició Morena y, al amparo de la ceguera de las autoridades electorales que protegen al partido de la 4T, todos los partidos del escenario político electoral nacional buscan trabajar, lo antes posible, en la construcción de las candidaturas de sus aspirantes, para nivelar el piso de una competencia electoral que el partido gobernante desequilibra.

Ante estos hechos, tanto el INE como el Tribunal Electoral han guardado un silencio ensordecedor, evidencia de su calidad de autoridades a modo. En un proceso progresivo, la 4T ha cooptado a los otrora considerados autónomos e independientes Poderes de la Unión. Al Legislativo, con una mayoría calificada obtenida a base de chicanadas y al Judicial, mediante una elección popular de ministros, magistrados y jueces, apoyada con acordeones oficiales.

En este desbarajuste oficial, parece que todo se vale, siempre y cuando quien tome la iniciativa sea el partido del gobierno. Seguir sus pasos es casi garantía de lograr inmunidad ante la ley. En el caso, iniciar sus campañas mucho antes de los tiempos que marca la ley. Algunos disfrazando a sus precandidatos de promotores, defensores o cualquier otra denominación que oculte su verdadera personalidad, pero otros, destapando con descaro a quienes van a impulsar como sus candidatos oficiales. Bajo el cobijo de “no me vengan con que la ley es la ley”, como diría el clásico, el ordenamiento jurídico pierde obligatoriedad, ante las violaciones de que es objeto y la pasividad y tolerancia de las autoridades responsables en aplicarla.

Ante semejante panorama, cabe la pregunta ¿para eso promovieron e impusieron, sin cambiar ni una coma, las reformas a la ley electoral?