Por José Manuel Rueda Smithers

En México, los desastres ambientales no siempre se enfrentan:

a veces se administran… desde el silencio.

Una constante vista en varios gobiernos de la historia, incluido este.

El reciente derrame de hidrocarburos en playas del Golfo de México, particularmente en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, no sólo ha puesto en riesgo ecosistemas frágiles, actividades pesqueras y economías locales; también ha exhibido, una vez más, una preocupante constante institucional: minimizar el problema hasta que deje de ser noticia.

Mientras organizaciones civiles, ambientalistas y comunidades afectadas documentan la presencia de chapopote en costas, fauna dañada y afectaciones directas a la actividad turística, la narrativa oficial parece moverse en sentido contrario. Donde hay evidencia, se ofrece mentira; donde hay urgencia, se responde con burocracia; y donde hay daño ambiental, se impone una parsimonia que raya en la omisión.

No es un fenómeno nuevo. En la gestión pública mexicana, el reconocimiento de una crisis suele depender menos de su magnitud real que de su potencial costo político. Y en este caso, el calendario no ayuda: a las puertas de los periodos vacacionales, reconocer abiertamente una contingencia ambiental implicaría aceptar posibles cancelaciones, pérdidas económicas y, sobre todo, una narrativa de incapacidad.

Así, el problema se reduce. No en su dimensión real, sino en su tratamiento público.

Las autoridades federales y estatales han optado por dos rutas conocidas: dosificar la información y evitar calificativos mayores. No hay, hasta ahora, una declaratoria contundente de emergencia ambiental; no hay tampoco un despliegue comunicacional acorde con la gravedad del caso. Lo que sí hay es un intento evidente de controlar el impacto mediático.

El problema de esta estrategia no es sólo ético -que ya sería suficiente-, sino profundamente práctico. Minimizar un derrame de petróleo no lo contiene, no limpia las playas, no protege a las especies afectadas ni restituye el ingreso de quienes dependen del mar. Lo único que logra es retrasar la respuesta integral y, en muchos casos, agravar las consecuencias.

La paradoja es evidente: se busca evitar un daño económico inmediato, una mala prensa por la percepción negativa, y se corre el riesgo de provocar un daño mayor y más duradero. Porque cuando la realidad termina por imponerse, lo hace con mayor fuerza… y con menor margen de maniobra institucional.

Sumemos un elemento que no puede ignorarse: la confianza pública. Cada episodio en el que la ciudadanía percibe opacidad o subestimación erosiona la credibilidad de las autoridades. Y sin credibilidad, cualquier mensaje -por acertado que sea- pierde eficacia.

En este contexto, la exigencia de organizaciones civiles para declarar una contingencia ambiental no es un exceso ni una exageración; es, en todo caso, una medida preventiva y responsable. Nombrar el problema es el primer paso para atenderlo. Negarlo o diluirlo, en cambio, es el primer paso para agravarlo.

México no carece de capacidades técnicas ni de marcos normativos para enfrentar este tipo de emergencias. Lo que parece faltar, una vez más, es voluntad política para asumir el costo de decir las cosas como son.

Porque en materia ambiental, el silencio no es neutral: también contamina.

Y aquí, entre mareas negras y comunicados grises, lo que está en juego no es sólo la imagen de una temporada turística, sino la salud de un ecosistema y la seriedad de un Estado que, frente a la evidencia, sigue apostando a que el problema se disuelva… como si el petróleo en el mar obedeciera a la lógica del discurso.

En este país, cuando el discurso se vuelve invisible, suele ser porque la realidad ya es demasiado evidente.