Por Daniel Lee

México sigue siendo la raíz demográfica más grande de la inmigración en Estados Unidos, pero a medida que la política migratoria se militariza y las deportaciones y detenciones suben de escala, millones de familias —a ambos lados de la frontera— pagan el coste real: menos derechos, menos ingresos y más miedo.
Hoy Estados Unidos alberga a cerca de 10.9 millones de personas nacidas en México —trabajadores, estudiantes, familias enteras— una comunidad que representa casi la cuarta parte de los 47–48 millones de extranjeros residentes en el país. Ese tejido humano sostiene economías enteras en México: en 2024 las remesas enviadas al país alcanzaron cerca de 64.7 mil millones de dólares, recursos que sostienen vivienda, salud, educación y consumo en municipios completos.
Sin embargo, la respuesta política reciente ha ido en sentido contrario al interés humano y económico. La aceleración de operativos migratorios, la ampliación de la capacidad logística para deportaciones —incluyendo contratos y flotas dedicadas a vuelos de expulsión— y el volumen de retornos de 2024 han multiplicado el riesgo de repatriaciones masivas y separaciones familiares.
El efecto no es abstracto: significa hogares que pierden su sostén, niños que enfrentan abandono temporal o repatriación forzada y municipios mexicanos que ven descender el flujo de remesas del que dependen.
Mientras tanto, informes recientes de organizaciones de derechos humanos advierten sobre prácticas y condiciones en centros de detención que vulneran garantías básicas. Testimonios y auditorías documentan deficiencias sanitarias, aislamiento, y procedimientos que limitan el acceso a representación legal y a solicitudes de asilo —una ecuación que transforma la detención administrativa en castigo por omisión de estatus.
Pero eso no es todo: Más allá del debate legal, el fondo es político y humano: la normalización de operativos intimidatorios, incluso en espacios humanitarios, convierte la política migratoria en una estrategia de disuasión basada en el miedo.
Para la comunidad mexicana, históricamente expuesta a redadas, perfiles raciales y separaciones familiares, estos hechos reavivan una memoria colectiva de persecución que nunca terminó de cerrarse.
Un dato recuente es precisamente la entrada de ICE a albergues de Nueva York sin orden judicial vulnerando de forma directa la legislación que reconoce a la ciudad como “santuario” para personas migrantes.
De acuerdo con informes de incidentes internos dados a conocer por el medio Gothamist, entre enero y mayo de este año, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ingresaron al menos en cinco ocasiones a albergues municipales de esa ciudad.
No importó que Nueva York es uno de los principales destinos de migrantes mexicanos en sectores como servicios, construcción, restaurantes y trabajo doméstico. La irrupción de agentes federales en espacios que deberían ser seguros por definición, como los albergues municipales, erosiona cualquier garantía de protección institucional y empuja a muchas personas a la invisibilidad: dejar de acudir a refugios, evitar servicios públicos o renunciar a denunciar abusos laborales y delitos.
Esto no es solo una violación administrativa: sienta un precedente grave. Si los refugios dejan de ser espacios protegidos, ¿qué queda para quienes huyen de la violencia, la pobreza o la persecución? Para millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, la señal es clara y alarmante: ni siquiera las ciudades santuario son territorio seguro cuando la ley se subordina a la lógica del control y la fuerza.

Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/