Por Daniel Lee

Migrar no significa dejar de enfermarse. Al contrario, para millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, la salud se convierte en una de las preocupaciones más complejas de su vida cotidiana. Jornadas laborales extenuantes, empleos de alto riesgo, falta de acceso a seguros médicos, barreras lingüísticas, miedo a ser identificados por su condición migratoria y elevados costos de atención conforman un escenario en el que atender una enfermedad puede significar perder el empleo, endeudarse o simplemente resignarse a no recibir tratamiento.
Quienes con su trabajo sostienen sectores estratégicos de la economía estadounidense —como la agricultura, la construcción, los servicios, la industria alimentaria o el cuidado de personas— son también quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer un derecho tan elemental como el acceso a la salud.
Para miles de connacionales, acudir a un hospital no depende únicamente de sentirse enfermos, sino de calcular si podrán pagar la consulta, los medicamentos o incluso el transporte. En muchos casos, el temor a que una visita médica derive en consecuencias migratorias provoca que enfermedades prevenibles se conviertan en padecimientos graves.
Ante esta realidad, las #OrganizacionesdeMigrantes han asumido una responsabilidad que, en buena medida, debería recaer en las instituciones públicas. Durante décadas han construido redes comunitarias que funcionan como verdaderos sistemas de acompañamiento social y sanitario. Son ellas quienes orientan a las familias sobre dónde encontrar clínicas comunitarias, gestionan consultas médicas gratuitas o de bajo costo, organizan jornadas de detección de diabetes, hipertensión y cáncer, impulsan campañas de vacunación, ofrecen apoyo psicológico, promueven la salud mental y ayudan a conseguir medicamentos para quienes no pueden costearlos.
Recordemos, la pandemia de COVID-19 dejó claro el enorme valor de estas organizaciones. Mientras miles de migrantes enfrentaban incertidumbre, pérdida de empleo y dificultades para acceder a información confiable, fueron precisamente las asociaciones comunitarias las que tradujeron información, organizaron brigadas de vacunación, combatieron la desinformación y acercaron servicios médicos a poblaciones tradicionalmente excluidas. Sin su intervención, el impacto sanitario habría sido mucho más severo.
Pero su trabajo no termina ahí. Organizaciones binacionales como #FuerzaMigrante, federaciones de clubes de oriundos, casas de apoyo al migrante y decenas de asociaciones locales también desarrollan programas permanentes de orientación médica, telemedicina, acompañamiento legal en casos de accidentes laborales, atención emocional y vinculación con instituciones de salud tanto en Estados Unidos como en México. Muchas de ellas operan gracias al trabajo voluntario de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y líderes comunitarios comprometidos con mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
No obstante, resulta preocupante que gran parte de este esfuerzo dependa de recursos limitados, donaciones y voluntariado. Las organizaciones migrantes no pueden ni deben sustituir las obligaciones del Estado mexicano ni las responsabilidades del sistema estadounidense hacia quienes contribuyen diariamente con su trabajo y el pago de impuestos. Lo que hace por ejeplo @FuerzaMigrante representa un extraordinario acto de solidaridad comunitaria, pero también evidencia los vacíos institucionales que persisten en materia de protección social.
México tampoco puede limitar su política migratoria al envío de consulados móviles o jornadas esporádicas de atención. La comunidad mexicana en el exterior necesita una estrategia integral de salud transnacional que fortalezca la coordinación entre consulados, organizaciones comunitarias, instituciones médicas y autoridades locales estadounidenses. Se requieren programas permanentes de prevención, salud mental, atención a enfermedades crónicas, educación sanitaria y acceso oportuno a servicios médicos, especialmente para quienes viven en condición migratoria vulnerable.
Hablar de salud migrante es hablar de dignidad. Significa reconocer que ninguna persona debería elegir entre cuidar su salud o conservar su empleo; entre acudir al médico o exponerse a una posible deportación; entre comprar medicamentos o enviar remesas a su familia. Cada consulta médica que una organización consigue, cada tratamiento que gestiona y cada vida que logra salvar representan mucho más que un servicio asistencial: son una muestra del enorme poder de la organización comunitaria.
Los migrantes mexicanos han demostrado una y otra vez que saben construir redes de apoyo donde las instituciones no alcanzan. Sin embargo, la solidaridad comunitaria no puede seguir siendo el único. Proteger la salud de quienes sostienen con su trabajo dos economías no es un gesto de caridad.

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