Por Orlando Linares López

En México, se estima que los usuarios de teléfono recibimos entre 20 y 25 llamadas spam al mes, lo cual coloca al país entre los más afectados por llamadas insistentes, ofertas no solicitadas, voces a nombre de instituciones o comercios, que han convertido a nuestro el celular en una fuente de preocupación.

Para millones de mexicanos, contestar una llamada se ha convertido en sinónimo de desconfianza.

El acoso telefónico comercial, conocido popularmente como spam, ocurre cuando empresas o intermediarios insisten en contactar a los usuarios para ofrecer servicios financieros, tarjetas de crédito, seguros, paquetes de telefonía, internet, ente otros producto o servicios.

Aunque una llamada publicitaria puede parecer inofensiva, su repetición invade la privacidad, interrumpe las actividades cotidianas y desgasta la paciencia.

Esta situación ya adquiere una dimensión preocupante. El mes pasado, como parte de una iniciativa presentada en el Senado de la República, se informó que “más del 60 por ciento de los usuarios mexicanos enfrenta acoso telefónico comercial”.

El problema va más allá de la molestia. Detrás de una llamada rutinaria puede esconderse un intento de fraude mediante el cual delincuentes se hacen pasar por personal bancario, autoridades o representantes de empresas reconocidas. Con argumentos como un supuesto cargo irregular, una cuenta bloqueada o un premio inesperado, buscan generar miedo o entusiasmo para conseguir contraseñas, códigos de verificación, datos personales o información financiera. La consecuencia puede ser el robo de identidad, la pérdida de dinero y la vulneración de la tranquilidad familiar.

Detrás del vendedor insistente puede esconderse algo peor. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las llamadas no deseadas, como el spam de voz y la suplantación de identidad, ponen en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios y en ese tenor, los adultos mayores, que contestan siempre y confían más, son quienes pagan el precio más alto.

Ante esta situación, en México ha sido bien recibida la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobada por unanimidad en el Senado, el pasado 7 de octubre de 2026, la cual busca sancionar las comunicaciones comerciales insistentes y no autorizadas.

La propuesta contempla multas de aproximadamente 56 mil 570 a 2 millones 345 mil 728 pesos.

Actualmente dicha propuesta ha sido turnada a la Cámara de Diputados, y se espera llegue a buen término en su trámite legislativo.

Mientras avanzan las medidas legales, los ciudadanos pueden actuar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), donde es posible inscribir gratuitamente el número telefónico para dejar de recibir publicidad. La inscripción tarda hasta 30 días en surtir efecto.

Para servicios financieros, existe el Registro Público de Usuarios (REUS) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), además de que cuenta la herramienta Consulta y Reporta, la cual permite revisar y denunciar números asociados con posibles fraudes.

En lo inmediato, con acciones sencillas, se sugiere no proporcionar contraseñas, códigos de seguridad ni datos bancarios por teléfono; colgar ante solicitudes sospechosas; bloquear números insistentes y reportar las comunicaciones indebidas.

Recuperar la tranquilidad telefónica no significa rechazar la tecnología ni toda comunicación comercial, sí implica defender el derecho a decidir quién puede contactarnos y recordar que ninguna oferta vale más que nuestra seguridad.