Por Daniel Lee

México vive en buena medida gracias al esfuerzo de millones de connacionales que trabajan fuera de sus fronteras. Son ellos quienes sostienen economías familiares enteras, amortiguan la pobreza en cientos de municipios y contribuyen silenciosamente a la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, mientras las remesas baten récords históricos y se convierten en uno de los pilares financieros de la nación, el Estado mexicano responde con una contradicción indignante: reducir el presupuesto destinado a proteger a esos mismos mexicanos en el extranjero.
La paradoja no puede ser más ofensiva. El discurso oficial ensalza a los migrantes como héroes nacionales, pero la política presupuestal los trata como una prioridad secundaria. En los hechos, el reconocimiento retórico no se traduce en respaldo institucional suficiente. Y cuando se trata de derechos humanos, especialmente en un contexto cada vez más hostil para los migrantes en Estados Unidos, esa omisión tiene consecuencias profundas.
La obligación del Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos fuera del país no es opcional ni simbólica. Está establecida en la Constitución, respaldada por la Ley del Servicio Exterior Mexicano y reforzada por instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Los consulados no son oficinas administrativas decorativas: son la primera línea de defensa de millones de mexicanos frente a detenciones arbitrarias, abusos laborales, discriminación, separación familiar y violaciones elementales a sus derechos.

Sin embargo, mientras crecen los riesgos para la comunidad migrante, disminuyen los recursos para atenderlos.Entre 2016 y 2025, el gasto ejercido por la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores cayó 17 por ciento. Es decir, justo cuando más se necesitaba fortalecer la red de protección consular, el gobierno decidió debilitarla.
Entre 2016 y 2025, los mexicanos en el extranjero transfirieron 473 mil 210 millones de dólares al país. Una cifra monumental. Ese monto equivale a 16 veces el presupuesto de la Secretaría de Bienestar en 2025; habría permitido financiar decenas de megaproyectos de infraestructura o cubrir múltiples veces el costo del Tren Maya. Las remesas no son únicamente un ingreso adicional para millones de familias: son un salvavidas nacional.
Sin ese flujo de dinero, México enfrentaría niveles mucho mayores de pobreza, presión social y fragilidad financiera. Las remesas se han convertido en uno de los soportes más sólidos de la economía mexicana, incluso por encima de sectores históricamente estratégicos. Paradójicamente, quienes mantienen ese equilibrio económico reciben cada vez menos respaldo institucional.
La desigualdad entre lo que los migrantes aportan y lo que el Estado invierte en protegerlos resulta escandalosa. En 2016, por cada peso gastado en protección consular, los mexicanos en el exterior enviaban 1,365 pesos en remesas. Para 2025, la proporción se disparó a 2,444 pesos por cada peso destinado a su defensa. La generosidad de los migrantes creció de manera exponencial; el compromiso gubernamental, en cambio, retrocedió.
Peor aún: el único momento en que se observó un aumento significativo en el presupuesto consular ocurrió en 2017, tras el arranque del primer gobierno de Donald Trump y la amenaza directa contra la comunidad migrante. Pero aquella reacción fue temporal. En 2018 volvieron los recortes severos, como si la protección de millones de mexicanos dependiera únicamente del impacto mediático del momento y no de una política de Estado permanente.
La señal política es preocupante. México parece cómodo recibiendo dólares, pero incómodo asumiendo plenamente la responsabilidad de defender a quienes los generan. Existe una peligrosa normalización de la dependencia económica de las remesas sin una estrategia seria de protección integral para los migrantes.
Hoy el contexto exige exactamente lo contrario. Estados Unidos atraviesa una nueva etapa de endurecimiento del discurso antiinmigrante, y la posibilidad de una revisión agresiva hacia los consulados mexicanos por parte del entorno político de Trump añade incertidumbre y tensión diplomática. En este escenario, debilitar la estructura consular no solo es irresponsable: es un acto de negligencia política.
México no puede seguir celebrando las remesas mientras abandona a quienes las envían. No puede presumir orgullo migrante en ceremonias oficiales mientras reduce el músculo institucional encargado de proteger vidas, derechos y dignidad en el exterior. Porque detrás de cada dólar enviado hay jornadas extenuantes, miedo constante, separación familiar y una comunidad que, incluso lejos de su país, continúa sosteniéndolo.

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