Por Miguel Tirado Rasso

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que
quitar el manto de protección a los
políticos comprometidos con el narcotráfico y,
al menos, abrirles carpetas de investigación.

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.” La frase atribuida a Porfirio Diaz, (aunque el autor fue el político y periodista Nemesio García Naranjo), podría encajar ahora, como lamento de lo que estamos viviendo en este segundo período de la Presidencia de Donald Trump. Un personaje que ha roto reglas, protocolos, prácticas diplomáticas, usos y costumbres de toda índole, para imponer un estilo personal de gobernar que poco tiene que ver con la política tradicional.

El empresario metido a la política, se maneja como un gran CEO (Chief Executive Officer). Máxima autoridad y responsable de la dirección estratégica y operativa de una empresa, según la definición de este cargo, solo que, en el caso, no se trata de una empresa, sino del país más poderoso del planeta. Como Presidente de los EUA, actúa sin límites. Busca consolidar la supremacía de su país, “Hagamos a EUA grande de nuevo” fue su lema de campaña y, con ese objetivo, no duda en usar cualquier instrumento de poder militar, económico o político.

En una larga entrevista al New York Times, se le preguntó si existían límites a sus poderes globales, a lo que respondería que sí. “Hay una cosa, dijo, mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme…No necesito el derecho internacional.” Y, a la pregunta de si su gobierno tenía que respetar el derecho internacional, diría: sí, pero que él sería el árbitro cuando las limitaciones se aplicaran a su país. Trump considera que la fuerza nacional más que las leyes, los tratados y las convenciones debe ser el factor decisivo en los conflictos entre países.

Este es el personaje que tiene la mira puesta en nuestro país. Que, en su primer día de gobierno, mediante una orden ejecutiva, anunciara que los cárteles del narcotráfico en México, serían catalogados como organizaciones terroristas extranjeras, alegando que los cárteles constituyen una amenaza a la seguridad nacional de los EUA al traficar drogas como el fentanilo que han ocasionado la muerte de miles de norteamericanos, cada año. A partir de entonces, las presiones hacia nuestro gobierno, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, no han cesado.

Como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum, en varias de las conversaciones que ha tenido con el mandatario norteamericano, éste la ha ofrecido ayuda militar para acabar con los cárteles de la droga. Invariablemente la respuesta de la Presidenta ha sido gracias, pero no gracias. Rechazo que, para el estilo Trump, no le ha de caer muy bien al neoyorquino. México ha enviado a las autoridades norteamericanas más de 50 narcotraficantes de alto perfil, destruido decenas de narco laboratorios, asegurado toneladas de drogas, detenido a cientos de narcotraficantes, pero Mr. Trump dice que no es suficiente.

Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas militares norteamericanas, acusados entre otros delitos de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, las presiones hacia México han subido de tono. Trump insiste en su discurso de que a nuestro país lo controlan los narcotraficantes y que “algo habrá qué hacer con México.” A pregunta de un periodista, señaló que no descarta usar la fuerza militar para atacar a los cárteles directamente en territorio mexicano, aunque no tiene planes de hacerlo, por el momento.

Ante sus declaraciones de que ahora va a empezar “a atacar a los cárteles de la droga por tierra. Los cárteles están controlando México,” dijo, la Presidenta Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente a que hablara con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación Fronteriza. Quizás el comentario que hiciera el funcionario estadounidense, después de la plática con nuestro canciller, en el sentido de que México necesita obtener resultados tangibles en la lucha contra los cárteles, hizo que la Presidenta buscara una comunicación con su colega. Los dos mandatarios hablaron y, según versión de Palacio Nacional, en 15 minutos quedó descartada una intervención militar norteamericana en nuestro país.

Trump quiere que el gobierno mexicano actúe contra los funcionarios que tengan ligas de complicidad con narcotraficantes. Aquellas autoridades que protegen y permiten actuar a los cárteles con absoluta impunidad. Y, qué mejor, si se los extraditan. Con la información que han venido recabando de las declaraciones de los narcotraficantes sometidos a juicio, más lo que pueda aportar Nicolás Maduro, las agencias estadounidenses han de tener ya bien ubicados a quiénes, desde el poder, han amasado fortunas, por el “cobro de piso” a los cárteles de la droga.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que quitar el manto de protección a los políticos comprometidos con el narcotráfico y, al menos, abrirles carpetas de investigación. Queda claro que las amenazas del neoyorquino no son meras balandronadas. Somos un vecino muy importante para los EUA, pero una de las banderas trumpianas es acabar con quiénes trafican con drogas, en especial fentanilo, por razones de seguridad nacional, argumentan. Esto podría justificar acciones indeseables para nuestro país. Un gran riesgo para México, solo por continuar protegiendo a quiénes decidieron actuar del otro lado de la ley. No vale la pena.