Por Daniel Lee

Hay tragedias que, por su repetición, corren el riesgo de convertirse en rutina. Es el peligro más perverso de las cifras: anestesiar la conciencia colectiva hasta volver aceptable lo que jamás debería serlo. Pero detrás de cada migrante muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hay una historia interrumpida, una familia devastada y una deuda moral que ninguna estadística puede saldar.
Desde 2018, al menos 27 personas mexicanas han perdido la vida en circunstancias vinculadas con el sistema migratorio estadounidense. Lo verdaderamente alarmante es que la situación se ha agravado de manera dramática durante 2025: diecisiete connacionales han muerto en apenas unos meses, catorce dentro de centros de detención y tres más durante operativos migratorios. No son números fríos ni daños colaterales inevitables de una política pública. Son vidas humanas truncadas en un sistema que, cada vez con mayor frecuencia, parece haber sustituido la protección de los derechos fundamentales por la lógica del castigo y la persecución.
La discusión de fondo va mucho más allá de las cifras. Lo que estas muertes exhiben es el endurecimiento de una política migratoria que, en nombre de la seguridad nacional, ha normalizado la detención prolongada, la militarización de las fronteras y la criminalización de quienes buscan una oportunidad para sobrevivir. La retórica política que presenta a los migrantes como una amenaza ha terminado por construir un ambiente donde la violencia institucional encuentra terreno fértil para reproducirse.
Resulta profundamente contradictorio que miles de trabajadores mexicanos sean indispensables para la agricultura, la construcción, los servicios, el transporte y el cuidado de millones de familias estadounidenses, mientras las mismas estructuras gubernamentales que se benefician de su trabajo los colocan en condiciones de vulnerabilidad extrema. Estados Unidos depende de la fuerza laboral migrante, pero una parte de su aparato político insiste en tratarla como un problema que debe contenerse a cualquier costo.

Ningún documento migratorio define el valor de una vida. La dignidad humana no puede quedar suspendida en una celda ni condicionada por un trámite administrativo. Ninguna deportación pendiente, ninguna irregularidad migratoria y ninguna frontera justifican el abuso, la negligencia médica, el uso excesivo de la fuerza o la muerte bajo custodia del Estado.
Las #OrganizacionesMigranteMexicanas han comenzado a levantar la voz frente a esta realidad. Diversos colectivos, entre ellos @FuerzaMigrante , la Red Jesuita con Migrantes y agrupaciones comunitarias establecidas en California, Texas, Illinois y Nueva York, han exigido investigaciones independientes, transparencia en los protocolos de detención y el fortalecimiento inmediato de la protección consular. Han insistido, además, en que las personas migrantes no pueden seguir siendo reducidas a expedientes administrativos ni utilizadas como piezas de una estrategia electoral basada en el miedo.
Su reclamo no es menor. Durante décadas, las comunidades mexicanas en el exterior han sostenido sectores enteros de la economía estadounidense y, al mismo tiempo, han contribuido decisivamente al desarrollo de México mediante remesas, inversiones comunitarias y redes familiares que mantienen unido el tejido social de miles de municipios. Sin embargo, cuando uno de ellos muere en una estación migratoria, el reconocimiento económico desaparece y emerge una dolorosa realidad: para muchos gobiernos, los migrantes son indispensables para producir riqueza, pero prescindibles cuando se trata de garantizarles derechos.
En ese contexto, la reciente reunión del embajador de México en Estados Unidos, Roberto Velasco Álvarez, con autoridades del ICE representa una acción necesaria, aunque insuficiente. El gobierno mexicano tiene la obligación de exigir respuestas claras sobre cada fallecimiento, garantizar el acceso inmediato a la asistencia consular, acompañar jurídicamente a las familias y demandar investigaciones imparciales y transparentes.
Pero la diplomacia, por sí sola, no basta. La relación bilateral entre México y Estados Unidos no puede limitarse al intercambio comercial, a las negociaciones energéticas o a los acuerdos de seguridad mientras decenas de mexicanos continúan muriendo bajo custodia.

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