Por Daniel Lee

Este viernes 23 de enero no será un día más en Estados Unidos. Minnesota decidió encender la primera chispa de una rebelión civil organizada contra el aparato migratorio del trumpismo y la normalización de la violencia institucional.
Este viernes 23 de enero, Minnesota se convertirá en el primer estado del país en paralizarse de manera coordinada contra la ofensiva migratoria de Donald Trump y el terror sistemático ejercido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sindicatos, líderes religiosos, organizaciones comunitarias, pequeños comercios y grandes empresas han convocado a una huelga general estatal, una acción inédita que marca un punto de quiebre en la respuesta social frente al endurecimiento autoritario del segundo mandato trumpista.
La jornada, bautizada “ICE Fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”, combina boicot económico, paro laboral, suspensión de actividades escolares y una gran movilización pacífica que arrancará a las 2 de la tarde en el centro de Minneapolis. El llamado es contundente: no trabajar, no asistir a clases, no comprar, salvo en servicios esenciales. La consigna es clara: sin la fuerza del trabajo migrante y comunitario, la economía también se detiene.
Pero este 23 de enero no sólo es una protesta contra políticas públicas. Es también un acto de duelo y acusación. La huelga responde directamente a la ejecución de Renee Good, observadora legal del ICE, asesinada por el agente Jonathan Ross durante un operativo. Un hecho que ha sacudido a Minnesota y que terminó de romper cualquier ilusión de “control institucional” sobre una agencia que hoy opera, según denuncian organizaciones civiles, como una fuerza paramilitar con carta blanca.
La sociedad civil toma la iniciativa
La magnitud de la protesta no es casual. Minnesota ha decidido organizarse por fuera del sistema político tradicional, cansada de lo que describen como una oposición demócrata ruidosa en el discurso, pero inoperante en los hechos. Mientras líderes progresistas emiten comunicados y declaraciones tibias, la violencia del ICE se intensifica en comunidades somalíes, latinas y hmong, particularmente en el marco de la llamada Operación Metro Surge.
“Esta vez no se trata de patrones abusivos o de malas políticas laborales, sino de los matones enviados por el régimen para aterrorizar comunidades enteras”, escribió Whitney Curry Wimbish en The American Prospect. Más de 50 organizaciones respaldan la acción del 23 de enero, entre ellas la Federación Laboral Regional de Minneapolis, la AFL-CIO de Minnesota y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. No es una protesta simbólica: es una demostración de poder social organizado.
El respaldo se extiende al tejido económico local. Hmongtown Marketplace, uno de los centros comerciales comunitarios más importantes de St. Paul, fue tajante: “ICE OUT OF MINNESOTA. No work, no school, no shopping”. El mensaje es inequívoco: sin comunidades migrantes, Minnesota no funciona.
Demandas que rompen el marco institucional
Las exigencias del 23 de enero van mucho más allá de una reforma administrativa. Los huelguistas piden:
La salida inmediata del ICE de Minnesota
Que el agente responsable de la muerte de Renee Good enfrente a la justicia
Cero fondos adicionales al ICE en el próximo presupuesto del Congreso
Una investigación federal por violaciones a derechos humanos y constitucionales
Que empresas adopten el estatus de “empresas amparadas por la Cuarta Enmienda”, rompiendo relaciones con el ICE y negando el uso de sus instalaciones
En términos políticos, se trata de una agenda radical: desmantelar el ICE como estructura operativa, no simplemente “regularlo”.
El doble discurso demócrata
Mientras Minnesota se prepara para paralizarse el 23 de enero, el Partido Demócrata exhibe su fractura interna y su cálculo electoral. Medios como Mother Jones y NBC News coinciden: la dirigencia demócrata vive en una realidad paralela.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció que rechazaría el proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando que no limita suficientemente las operaciones del ICE. Otros líderes, como Pete Aguilar, han llegado a calificar la actuación del ICE como “anárquica” y motivada por el deseo presidencial de “aterrorizar comunidades”.
Sin embargo, tras bambalinas, la historia es otra. Los mismos líderes demócratas se niegan a una votación frontal contra el ICE, dejando abierta la puerta para que legisladores en distritos competitivos apoyen el presupuesto. El proyecto mantiene 10 mil millones de dólares para el ICE, con recortes marginales y concesiones cosméticas: cámaras corporales, supervisión limitada y ajustes menores en operaciones de deportación.
Es decir: el aparato de persecución sigue intacto.
Migrantes atrapados, muertes en custodia
El trasfondo humanitario explica la furia social que estallará este 23 de enero. Según Popular Information, la población detenida por el ICE pasó de menos de 40 mil personas en enero de 2025 a más de 73 mil en la actualidad. Las condiciones de detención se deterioran a velocidad alarmante.
El ICE ha dejado de pagar a proveedores externos de servicios médicos desde octubre de 2025. Centros con cientos de detenidos carecen de médicos y dentistas. En 2025, 32 personas murieron bajo custodia del ICE, la cifra más alta en más de dos décadas. En lo que va de 2026, al menos seis personas han muerto en apenas 21 días.
El mensaje es brutal: detención sin atención médica, encierro sin garantías, muerte sin consecuencias.
El 23 de enero como punto de inflexión
Lo que ocurrirá este viernes 23 de enero en Minnesota no es una protesta aislada. Es una advertencia nacional. La sociedad civil ha decidido llenar el vacío dejado por una clase política incapaz de confrontar al trumpismo en su núcleo más violento.
Minnesota pone el cuerpo, la economía y la calle. El país observará si esta huelga general se convierte en excepción… o en contagio.