Por Daniel Lee

La política de protección a migrantes mexicanos en Estados Unidos atraviesa una crisis de credibilidad. Mientras se multiplican las detenciones, las deportaciones aceleradas y las violaciones a derechos humanos, la respuesta del Estado mexicano sigue siendo tardía, fragmentada y profundamente insuficiente.
Hay que decirlo y muy claro estimado lector; las denuncias ante organismos internacionales, anunciadas como logros diplomáticos, no compensan la ausencia de una estrategia real de defensa legal para millones de connacionales. Son gestos reactivos que sirven más para el discurso que para la protección efectiva. Cuando México eleva la voz en foros internacionales, sus migrantes ya han sido detenidos, separados de sus familias o expulsados del país.
La red consular mexicana en EU está rebasada y debilitada. Falta personal especializado, sobran expedientes y escasean los recursos para enfrentar un sistema migratorio cada vez más hostil y tecnificado. En muchos casos, acudir al consulado no significa acceso a defensa legal, sino recibir información básica cuando el proceso ya está avanzado o perdido.
Más grave aún es la ausencia de acompañamiento sistemático a las comunidades más vulnerables: migrantes con discapacidad, trabajadores agrícolas, mujeres solas, adultos mayores y familias mixtas.
No existen mecanismos permanentes de prevención, ni respuestas rápidas ante redadas, ni una política de cercanía que anticipe abusos. El migrante queda solo, otra vez, frente a un aparato estatal extranjero que lo criminaliza.
Esta situación revela una verdad incómoda: México no ha construido una política de Estado para defender a sus ciudadanos en el exterior. Ha optado por una diplomacia reactiva, que administra crisis en lugar de prevenirlas, y que parece aceptar como normal el desgaste, el miedo y la expulsión silenciosa de su población migrante.
Defender a los migrantes no puede limitarse a comunicados ni a denuncias tardías. Exige presencia, recursos, voluntad política y confrontación diplomática cuando sea necesario. Mientras eso no ocurra, nuestros paisanos en Estados Unidos seguirán pagando, con su estabilidad y su dignidad, el costo de una protección consular que no alcanza.
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