Por Daniel Lee

Los trabajadores que protegen a los migrantes mexicanos en Estados Unidos enfrentan detenciones, separaciones familiares y muertes bajo custodia, mientras su propia salud mental queda expuesta a una crisis que las instituciones no pueden seguir ignorando.

Investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría advierten que los primeros respondientes pueden registrar problemas de salud mental hasta cuatro veces más frecuentes que la población general.

La alerta alcanza al personal consular, los equipos de albergues y quienes acompañan a familias migrantes en sus momentos más difíciles. La pregunta es: ¿quién protege a quienes deben responder al sufrimiento de los demás?

Los trabajadores que acompañan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos no sólo atienden trámites y emergencias consulares. También enfrentan el llanto de madres separadas de sus hijos, la desesperación de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos y el impacto de las muertes ocurridas en centros de detención. Detrás de cada caso existe una tragedia humana; detrás de quienes intentan ayudar, puede acumularse otra crisis: el deterioro de su salud mental.

Una investigación encabezada por Rebeca Robles García, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, advierte que los primeros respondientes pueden presentar problemas de salud mental con una frecuencia de dos, tres y hasta cuatro veces mayor que la población general. El estudio, iniciado con personal sanitario durante la pandemia de COVID-19 y ampliado posteriormente a trabajadores consulares y de albergues migratorios, expone una realidad incómoda: quienes atienden las emergencias también necesitan protección.

Las detenciones, la separación de familias, las entrevistas con menores no acompañados y los fallecimientos de migrantes bajo custodia figuran entre las experiencias que generan una fuerte carga emocional para quienes brindan acompañamiento. No se trata de una debilidad individual, sino de la exposición reiterada al sufrimiento, la incertidumbre y la impotencia de no poder resolver todos los casos.

¿Cómo se procesa el dolor de una madre que desconoce dónde está su hijo? ¿Qué recursos emocionales necesita un trabajador para comunicar una muerte o enfrentar el reclamo desesperado de una familia? ¿Quién lo ayuda a sobrellevar esas experiencias cuando termina su jornada?

La vocación de servicio no vuelve invulnerable a nadie. Exigir fortaleza permanente sin ofrecer respaldo psicológico es trasladar al trabajador una responsabilidad que también corresponde a las instituciones.

El problema no sólo está en la frontera, también dentro de las instituciones.

La investigadora advierte que el deterioro emocional no depende exclusivamente de las emergencias atendidas. La presión de los superiores, los conflictos laborales, la exclusión, los rumores y otras formas de violencia en el entorno de trabajo pueden agravar el desgaste.

Es una contradicción inadmisible: mientras estos empleados intentan proteger a personas expuestas a la vulnerabilidad, algunos deben afrontar condiciones laborales que comprometen su propio bienestar. Ninguna institución puede exigir empatía hacia los migrantes y tolerar, al mismo tiempo, prácticas de hostigamiento o intimidación contra su personal.

La ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y el síndrome de desgaste ocupacional no desaparecen con órdenes administrativas ni con llamados a tener paciencia. Requieren detección oportuna, atención profesional y condiciones laborales que no conviertan el sacrificio en una obligación permanente.

Por eso, la respuesta debe ir más allá de ofrecer consultas psicológicas cuando el problema ya es grave. Hace falta garantizar servicios confidenciales y accesibles, capacitación para afrontar situaciones hostiles, protocolos de atención al trauma, descansos adecuados y canales seguros para denunciar abusos. También se necesitan recursos presupuestales, coordinación institucional y evaluaciones que permitan conocer si las medidas funcionan.

Reconocer el problema no basta: hay que actuar.

La experiencia desarrollada durante la pandemia demuestra la utilidad de combinar investigaciones cuantitativas con entrevistas que permitan identificar necesidades particulares.

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