Por Arturo Zárate Vite

La reciente reforma constitucional en materia judicial abrió la puerta para lo que muchos ven como la reelección de magistrados y magistradas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El tema es debatible, hay controversia, posiciones encontradas. Para la mayoría no hay ninguna reelección, simplemente se trata de homologar derechos. En 2024 se estableció en la ley que quienes se venían desempeñando como juzgadores (jueces, magistrados y ministros), si así lo deseaban, podían participar en la elección de 2025. Quienes lo hicieron y ganaron, siguen en sus cargos.
Esa opción, en justicia, aplicará en 2028 cuando se elija la mitad que falta del poder judicial. Aquí es donde entra el caso de cuatro magistrados (Mónica Soto, Felipe de la Mata, Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez) que tendrán que decidir si participan o no en la elección.
Tienen derecho a participar. No significa que en automático se van a quedar. Deberán ganar la elección nacional. También alguno o alguna de los cuatro podría resolver no competir.
¿Es o no es reelección?
La historia del TEPJF en esta materia es singular.
Si alguno o los cuatro participaran en la elección y la ganaran, estarían en el cargo seis años más.
Sumarían 17 años.
La única que rindió protesta para periodo de nueve años y rechazó cualquier beneficio adicional fue Janine Otálora. Culminó apenas en octubre del año pasado. Contrario a lo establecido por el artículo 98 de la Constitución, no la sustituyó la mujer que obtuvo la segunda votación más alta en 2025. Quedó vacante el lugar, por eso es que la sala superior del tribunal tiene seis magistrados y no siete como señala la norma.
La verdad este asunto de la elección de magistrados del tribunal se ha enredado más que el queso Oaxaca.
Por eso la diferencia de opiniones se ha dado hasta dentro de la misma mayoría legislativa.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada guinda, está convencido de que es un caso de reelección que contraviene la Constitución, el artículo 99 que dice:

“Las personas magistradas electorales que integren la sala superior deberán satisfacer los requisitos que se exigen para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo seis años improrrogables”.

El nuevo periodo, de seis años, “improrrogable”, lo determinó Morena, en la reforma judicial que impulsó en 2024.
Por eso pareciera que se están contradiciendo los morenos, que como dicen una cosa, dicen otra.
Sergio Gutiérrez Luna, también diputado de Morena, ha defendido su propuesta de última hora que abre la posibilidad de que los magistrados del tribunal electoral se queden seis años más en el cargo.
¿Es reelección?
Siendo estrictos con la letra y los ajustes legislativos que ha venido aprobando el partido en el poder, no lo es en el sentido que argumenta el diputado Gutiérrez Luna de que se trata de una homologación que atiende régimen transitorio, para que todos y todas las juzgadoras tengan los mismos derechos.
Si en 2025 compitieron y pudieron quedarse en su misma oficina quienes ya se venían desempeñando como juzgadores, entonces para la elección de 2028 debe aplicar igual criterio para quienes ya están en funciones y quieren participar en el nuevo proceso electoral.
Es el caso de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez.
Lo que también es un hecho indiscutible es que estarían en el puesto mucho más tiempo de lo que hubieran imaginado.

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