Por Daniel Lee| Hola Paisano
El Instituto Nacional Electoral (INE) volverá a reservar cinco fórmulas de candidaturas a diputaciones federales para mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral de 2026-2027. Es un avance en el reconocimiento político de la diáspora, pero también una medida que evidencia la enorme distancia entre admitir que los migrantes tienen derecho a representación y garantizar que sus intereses realmente estén defendidos en el Congreso.
El acuerdo establece 54 fórmulas de candidaturas destinadas a grupos históricamente discriminados: 34 para personas indígenas, cuatro para afromexicanas, ocho para personas con discapacidad, tres para integrantes de la diversidad sexual y cinco para mexicanos residentes en el extranjero. La medida busca ampliar la inclusión política y asegurar espacios que, sin acciones afirmativas, difícilmente llegarían a quienes históricamente han sido relegados de las decisiones nacionales.
Sin embargo, para la comunidad migrante, el anuncio obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿cinco fórmulas son suficientes para representar a millones de mexicanos que viven, trabajan, generan riqueza, envían remesas y mantienen vínculos económicos, sociales y familiares con México?
La representación migrante no puede reducirse a una cuota electoral, a una candidatura testimonial ni a una posición que los partidos utilicen para cumplir formalmente con una disposición. Los mexicanos en Estados Unidos constituyen una fuerza económica, social y política de enorme dimensión, pero su peso sigue sin corresponderse con la influencia que tienen en las decisiones legislativas que afectan sus vidas y las de sus familias.
El problema de fondo no es solamente cuántos espacios se asignan, sino quién los ocupa, cómo llega a esas posiciones y a quién responde una vez que obtiene el cargo. Los partidos políticos siguen teniendo un enorme margen para decidir candidaturas, negociar posiciones y colocar perfiles que, en ocasiones, pueden tener una identidad migrante, pero carecer de trayectoria, compromiso o conocimiento de las necesidades de las comunidades en el exterior.
Ser migrante, haber vivido fuera del país o contar con vínculos familiares en Estados Unidos no garantiza representar a una comunidad que enfrenta deportaciones, detenciones, abusos laborales, separación familiar, dificultades para acceder a servicios consulares, incertidumbre migratoria y discriminación. La representación debe traducirse en trabajo legislativo, propuestas, fiscalización y defensa efectiva, no solamente en presencia dentro del recinto parlamentario.
El propio diagnóstico incorporado al acuerdo del INE reconoce una debilidad que no debe pasar inadvertida: las acciones afirmativas han permitido incrementar la presencia de estos grupos en los órganos legislativos, pero no necesariamente han conseguido que esa presencia se traduzca en iniciativas, reformas, presupuestos y decisiones que respondan a sus demandas. Es decir, se ha avanzado en abrir la puerta, pero todavía falta asegurar que quienes entran hagan valer esa oportunidad.
Para los mexicanos en el extranjero, esta insuficiencia resulta particularmente grave. Sus problemas no se resuelven con discursos de reconocimiento ni con fotografías de legisladores en encuentros comunitarios. Requieren una agenda permanente que enfrente las políticas de deportación, fortalezca la protección consular, garantice derechos laborales, atienda a las familias binacionales, impulse mecanismos de reintegración para quienes regresan y defienda el derecho de los mexicanos a participar plenamente en la vida política de su país, independientemente de dónde residan.
La advertencia de la consejera Carla Humphrey sobre la necesidad de fortalecer progresivamente estas medidas también merece atención. Mantener el mismo número de postulaciones del proceso anterior puede significar continuidad, pero no necesariamente crecimiento de derechos. Si la representación migrante sigue limitada a cinco fórmulas, mientras las necesidades y la población mexicana en el exterior continúan siendo enormes, el sistema corre el riesgo de convertir la inclusión en un mecanismo de cumplimiento burocrático.
Y hay otro desafío: los legisladores migrantes deben dejar de ser figuras aisladas, sin mecanismos efectivos de comunicación y rendición de cuentas con sus comunidades. Hace falta construir vínculos permanentes con organizaciones, asociaciones, liderazgos, trabajadores, jóvenes, familias y mexicanos que no pertenecen a ninguna estructura formal. La comunidad migrante es diversa, tiene distintas realidades y no puede ser representada exclusivamente por quienes tienen acceso a las dirigencias partidistas.
La democracia mexicana no puede presumir inclusión mientras mantenga una representación que, en ocasiones, se queda en el papel. Cinco fórmulas pueden ser una oportunidad, pero también pueden convertirse en cinco espacios insuficientes si no existe compromiso, capacidad y voluntad de defender a quienes dicen representar.
Pero hay que ser claros. El reto rumbo a 2027 no es solamente conseguir candidaturas migrantes. Es lograr que esas candidaturas sean verdaderamente de los migrantes, que no respondan únicamente a intereses partidistas y que, una vez en el Congreso, conviertan la representación en resultados.
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