El sarampión volvió a tocar la puerta con una insolencia que México ya debería reconocer. No es una novedad epidemiológica: es un recordatorio político. Porque cuando una enfermedad que se creía controlada regresa con fuerza, casi nunca es por mala suerte. Es por acumulación de decisiones: presupuestos que se recortan, compras que se retrasan, coberturas que se fragmentan y un discurso oficial que prefiere “minimizar” antes que “anticipar”.

Hoy el sarampión se presenta con el mismo libreto emocional que vimos con el COVID-19 en 2020: “es un tema global”, “no es exclusivo de México”, “la situación está bajo control”, “ya se está vacunando”. Y es verdad: hay brotes en la región y una alerta hemisférica que urge a cerrar brechas de inmunidad, reforzar vigilancia y activar vacunación complementaria.

Sin embargo, el problema no es reconocer que el fenómeno es global. El problema es usar lo global como coartada para no hablar de lo local: de la forma en que se debilitó, por años, la columna vertebral de la prevención.

Hay que reconocer que la prevención en salud pública es una disciplina ingrata: cuando funciona, nadie la aplaude; cuando falla, todos pagan.

Aunque no les guste a muchos, los números no son retórica: a inicios de febrero de 2026 se reportan miles de casos confirmados y decenas de muertes asociadas a un brote que arrancó en 2025.

Y en un contexto así, lo que verdaderamente asusta no es solo la transmisibilidad del sarampión (que es altísima), sino su cualidad política: convierte la omisión en evidencia.

Vacunar no es un gesto administrativo o una reacción generosa; es un acto de gobierno que implica planeación, logística, cadenas de frío, inventarios, metas por cohorte, seguimiento nominal, combate a la desinformación y presencia territorial. No se sostiene con discursos. Se sostiene con dinero, sistemas y disciplina operativa.

De hecho, el dato regional es demoledor: la OPS ha señalado que la mayoría de casos confirmados con información disponible corresponde a personas no vacunadas (o con antecedente desconocido).

Dicho de forma más clara: no es que el virus sea “inevitable”, es que las brechas son han sido construidas con descuido y negligencia.

Aquí entra la parte incómoda: en México no solo se discute cuánto se asigna a salud; también discute qué tanto “se ejerce”lo asignado. Y cuando el tema es vacunación, el subejercicio no es una “eficiencia” contable: es riesgo sanitario postergado.

Esta semana, muchos medios apuntan que durante 2025 el gasto ejercido del programa de vacunación fue sustantivamente menor al presupuesto autorizado (un subejercicio masivo).

No hace falta sobreactuar: si autorizas recursos para vacunar y terminas gastando una fracción, no tienes un “ahorro”; tienes una factura futura.

Y esa factura tiene dos dimensiones:

1. Costo social: casos, complicaciones, presión hospitalaria, ausentismo escolar y laboral, miedo comunitario.

2. Costo político: pérdida de confianza, desgaste institucional, percepción de incompetencia, y una pregunta que se vuelve viral: “¿cómo es que regresó esto?”

“Primero los pobres” … pero solo en el discurso.

El contraste con el discurso de “primero los pobres” es inevitable. Porque si algo golpea de manera desproporcionada a quienes tienen menos, es una crisis sanitaria. Los hogares con menos ingresos tienen menos capacidad de aislamiento, menos acceso a atención oportuna, más hacinamiento, más dificultades para completar esquemas y menos margen para absorber el golpe económico de una enfermedad.

Por eso la vacunación universal es, en la práctica, una de las políticas más redistributivas que existen: protege más a quien menos puede defenderse.

Recortar, retrasar o subejercer en vacunas no es “austeridad”. Es un impuesto oculto que pagan los más vulnerables.

Hay otro factor que vuelve políticamente explosivo este episodio: México será sede del Mundial de la FIFA 2026. Será un escaparate global… y también, un punto de inflexión para la capacidad estatal: movilidad masiva, concentración de personas, vigilancia epidemiológica, respuesta rápida, comunicación de riesgo y coordinación intergubernamental.

Y aquí viene la ironía: ante el brote actual, la Presidencia ha señalado que no se contemplan medidas extraordinarias rumbo al Mundial.

Quizá sea cierto que no se requieran “medidas extraordinarias” si se hace lo ordinario “extraordinariamente bien”: vacunar, vigilar, contener, informar. El problema es que México lleva años demostrando que lo ordinario se le está haciendo cuesta arriba.

Si algo nos enseñó la última década es que la salud pública dejó de ser un tema técnico y se convirtió en un factor de gobernabilidad. Una crisis sanitaria desordena presupuestos, agendas, prioridades y deja huellas en la memoria social.

El sarampión, con su regreso, no está haciendo una pregunta médica. Está formulando una pregunta política:

¿Quién decidió que vacunar era prescindible?