Por Daniel Lee

La administración del presidente Donald Trump volvió a poner a California en la mira. Esta vez, mediante una demanda federal que cuestiona la legalidad de otorgar matrícula estatal, becas y apoyos financieros financiados por el estado a estudiantes que viven en EU sin autorización migratoria pero que crecieron, estudiaron y se formaron en comunidades californianas.
La querella se presentó en la Corte del Distrito Este de California y acusa al estado y a sus dos sistemas universitarios públicos, la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (CSU), de “perjudicar” a ciudadanos estadounidenses al permitir que jóvenes sin estatus migratorio accedan a los mismos beneficios educativos que los residentes del estado que cursaron la preparatoria en California. Para el Departamento de Justicia, esta política “fomenta la inmigración no autorizada” y constituye una violación a la ley federal.
Esto tiene un impacto directo en la población mexicana en Estados Unidos, la comunidad inmigrante más numerosa del país, con más de 10 millones de nacidos en México y alrededor de 4.3 millones de indocumentados. Muchos de los estudiantes afectados provienen precisamente de hogares mexicanos que han vivido décadas en EU contribuyen a su economía y mantienen uno de los niveles más altos de integración social.
La demanda forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump: desafiar, estado por estado, cualquier política que considere demasiado protectora de migrantes indocumentados. En meses recientes, la Casa Blanca presentó acciones similares contra Illinois, Oklahoma, Minnesota, Kentucky y Texas. Aunque la mitad del país mantiene disposiciones parecidas a las de California, la presión legal ha surtido efecto: Texas derogó su ley tras recibir una demanda federal, y Florida hizo lo mismo un año antes.
Los defensores de estas políticas insisten en que no hay violación alguna: los beneficios se otorgan bajo criterios equitativos —residencia estatal y egreso de una escuela preparatoria local— aplicables tanto a ciudadanos estadounidenses como a estudiantes sin estatus legal. La llamada “Ley Sueños de California” respalda este enfoque, y reconoce además que miles de estos jóvenes llegaron al país en la infancia y son, de hecho, parte integral de la vida comunitaria y académica del estado.

Sin embargo, la Casa Blanca lo enmarca como un desacato frontal. “California está discriminando ilegalmente contra estudiantes y familias estadounidenses”, dijo la secretaria de Justicia Pamela Bondi. “Continuaremos presentando litigios hasta que el estado cese su flagrante desprecio por la ley federal”. Esta es, de hecho, la tercera demanda contra California en una sola semana.
El litigio se suma a otras batallas en curso: Washington demandó para frenar los nuevos distritos legislativos aprobados por los votantes californianos, así como leyes estatales que regulan el uso de máscaras e identificación por parte de agentes federales en operativos dentro del estado.
En paralelo, la Universidad de California enfrenta creciente presión política y financiera desde Washington. Apenas semanas antes, la Corte Suprema de California dejó intacto un fallo que determinó que la UC discriminó al prohibir que estudiantes sin estatus legal trabajaran en sus campus, obligando a la institución a replantear sus políticas laborales. UC, además, lidia con la suspensión de subvenciones federales y la exigencia de la Casa Blanca de pagar una multa de mil millones de dólares por acusaciones de antisemitismo y uso indebido de criterios raciales en admisiones en su campus de Los Ángeles.
Pese a este panorama, la UC defendió su línea: “Creemos que nuestras políticas son consistentes con los estándares legales actuales”, afirmó en un comunicado.
El conflicto no es menor: la CSU es el sistema universitario público más grande del país, con más de 460 mil estudiantes, mientras que la UC suma otros 300 mil. En conjunto, ambos sistemas atienden a una generación diversa, de primera y segunda generación migrante, en un estado donde la educación pública ha sido históricamente un vehículo de integración social.
Con la nueva demanda, la administración Trump reaviva un debate nacional de profundas implicaciones: ¿puede un estado diseñar políticas educativas inclusivas para estudiantes que crecieron en sus aulas, aunque carezcan de documentos? ¿O prevalece, sin excepción, la línea dura federal? La batalla legal apenas comienza, pero su impacto promete extenderse mucho más allá de California. Usted dirá….

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