El arribo de Delfina Gómez a la gubernatura del Estado de México representa el fin de la estirpe del grupo Atlacomulco pero también el reto de un verdadero cambio en la política mexiquense

J. Israel Martínez Macedo / @Mega_IsraelMtz

Al momento de rendir protesta como gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez se convertirá en la mandataria estatal número 51, la primera en ser mujer y también la primera en no pertenecer al partido tricolor desde su fundación en 1929; su llegada al poder también marca el fin de la era del grupo Atlacomulco y, quizás, el comienzo de una nueva etapa bajo la nomenclatura del grupo Texcoco.

Previo a la elección del Estado de México entrevisté a Bernardo Barranco, quien fuera consejero electoral en la entidad, por la presentación de su libro “El regreso al infierno electoral” y coincidíamos en una cuestión sobre lo que aquí ocurre: la mística política que tiene el Edoméx no se asemeja a la de ninguna otra entidad, ni siquiera es similar a la de la federación, y por tanto es difícil de comprender para quienes no forman parte de la entidad.

De esta forma podemos decir que la política en el Estado de México es única; no se compara con ninguna otra, incluso con la muy cercana y pragmática de la Ciudad de México. De origen, ha influido en la construcción y creación del sistema político mexicano; no por nada fueron los miembros del grupo Toluca quienes en 1929 formaron parte fundamental de la conformación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y sentaron las bases de nuestro sistema político, un modelo que ha sido capaz de pervivir a varias transiciones de poder, que se mantiene casi intocado y ha retornado por sus propios fueros.

Fueron los “Gomistas”, como se le denominó al grupo encabezado por los hermanos Abundio y Filiberto Gómez; el primero, gobernador de la entidad en dos periodos: de 1920 a 1921, y luego de un breve periodo de Manuel Campos Mena, en una segunda etapa de 1921 a 1925; mientras que el segundo se convertiría en el primer gobernador bajo el escudo del PNR, que más adelante cambiaría su nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y años más tarde a Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes iniciaron con este trayecto.

Los hermanos Gómez conformaron un sólido grupo político que también fue conocido como grupo Toluca, del cual emergieron los gobernadores Carlos Riva Palacio, José Luis Solorzano, Eucario López, Wenceslao Labra y Alfredo Zárate Albarrán, este último quien se sintió con la fuerza y el respaldo de los gobernadores de Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Sinaloa para encabezar un movimiento que contra el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, quien lo tomó como una afrenta personal.

Zárate Albarrán sería el último gobernador del grupo Gomista y tras su asesinato el 5 de marzo de 1942 en el entonces lienzo charro (que paradójicamente se encontraba ubicado en lo que hoy es la fiscalía general de Justicia del Estado de México), surgió la posibilidad de desplazar por fin al grupo que había mantenido el control del poder desde 1920 y con la llegada de Isidro Fabela Alfaro comenzó una nueva etapa, la del grupo Atlacomulco.

Fue la influencia del obispo Maximino Montiel la que facilitó el ascenso de Isidro Fabela pero más aún fue la que le abrió las puertas del gobierno a Alfredo del Mazo Vélez, quien primero como tesorero y después como secretario general de Gobierno, tejió el entramado que le permitió a Fabela Alfaro primero mantenerse en la gubernatura sin cumplir los requisitos constitucionales y, después, vivir y “gobernar” fuera de la entidad, viviendo desde su casa en Cuernavaca y permitiéndole a Del Mazo Vélez ser prácticamente el gobernador en funciones.

Esto le permitiría a Alfredo del Mazo Vélez la posibilidad de llevar las riendas de la administración pública estatal por dos periodos consecutivos, el primero como encargado y el segundo como gobernador constitucional; de los 17 gobernadores que conforman el periodo desde Isidro Fabela hasta Alfredo del Mazo Maza, cinco nacieron en Atlacomulco (Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín, Arturo Montiel y Enrique Peña); cuatro son toluqueños (Juan Fernández Albarrán, Alfredo del Mazo González, Ignacio Pichardo Pagaza y Alfredo del Mazo Maza), curiosamente, cuatro son de la Ciudad de México (Jorge Jiménez Cantú, Alfredo Baranda, José Ramón Beteta y Emilio Chuayffet), un ecatepense (Eruviel Ávila), un tlalnepantlense (Gustavo Baz) y uno más de Santiago Tianguistenco (Carlos Hank González).

Pese a todo y todos, los 17 mandatarios son vinculados, relacionados o identificados con el grupo Atlacomulco, en buena medida porque el concepto rebasó sus orígenes regionales y se convirtió más en la forma de señalar un estilo de gobierno que mezclaba por igual el poder político que el económico para realizar, fomentar e impulsar negocios de personajes afines familiares y prestanombres al amparo y auspicio de la administración del erario estatal.

La llegada de Delfina Gómez supone no un nuevo “Gomismo” (o al menos no en el inicio) sino el ascenso de un nuevo grupo que surgió en Texcoco a finales del siglo pasado de la mano del hoy senador Higinio Martínez, quien se quedara en el camino de la candidatura de Morena en 2023 por (ahora lo sabemos) las extrañas ponderaciones de las encuestas morenistas, y que tuvo su primer escaramuza con los de Atlacomulco en el proceso electoral de 1999 entre este y Arturo Montiel.

Delfina es identificada como discípula de Higinio Martínez al igual que Horacio Duarte, quienes, tras disputar la candidatura de su partido, superaron las divisiones ocasionadas por este resultado y unieron fuerzas en la elección pasada para encumbrar a la maestra texcocana para convertirse en la primera mujer en ocupar la gubernatura de la entidad y ser quien desplace del poder político a los del grupo Atlacomulco.

Este es el contexto que enmarca el cambio de gobierno que ocurrirá entre el 14 y el 16 de septiembre próximos. Es lo que explica la ansiedad por dar mensajes desde Palacio de Gobierno aún antes de rendir protesta, la anticipación por adelantar ese formalismo hasta dos días antes de que entre en funciones por ley y de tomar el control de la administración pública como se hace tradicionalmente en los ayuntamientos “desde el primer minuto” del día 16.

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