El INM celebra su historioa: el migrante sigue siendo su víctima

Por Daniel Lee

Celebrar los 32 años del Instituto Nacional de Migración (INM) en México es, cuando menos, un acto de cinismo institucional. Se aplaude a una dependencia cuyo “servicio” como primer rostro de México ante el mundo ha decepcionado una y otra vez, y que sigue sin cumplir con su mandato más básico: garantizar una migración segura, ordenada y humana.

Peor aún, el discurso oficial presume una “transformación humanista” mientras el país carga con la impunidad de figuras como Francisco Garduño, ex titular del INM, responsable político de la muerte de decenas de migrantes en un centro de detención y exonerado por el propio gobierno federal sin recibir castigo alguno.

El contraste no podría ser más cruda. Mientras en México se perpetúa la retórica vacía del humanismo, en Estados Unidos —pese a su propia crisis migratoria— se están tomando medidas concretas para proteger a las familias migrantes.

En California, por ejemplo, se blindan los derechos de los estudiantes inmigrantes para que puedan continuar su educación sin miedo a redadas o detenciones arbitrarias.

La Ley 49 impide que agentes de ICE ingresen a las escuelas sin una orden judicial, y la Ley 98 SAFE obliga a los centros educativos a transparentar sus protocolos de resguardo. Dos pasos legislativos que, más allá de su alcance, representan algo que el INM nunca ha entendido: que la seguridad no se decreta, se construye con dignidad y confianza.

A la par, el estado de California destinó 1.3 millones de dólares a programas de asistencia móvil para inmigrantes, que incluyen apoyo legal, psicológico y educativo. Y mientras el gobernador Gavin Newsom reafirma su compromiso con la privacidad y seguridad de las comunidades migrantes, organizaciones civiles como United We Dream, la ACLU y Abundant Futures Fund lanzan el *Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos*, con el objetivo de recaudar 30 millones de dólares para ofrecer representación legal gratuita a inmigrantes en todo el país.

Más de 10 millones ya han sido reunidos: dinero que se traduce en abogados, fianzas, refugio, y sobre todo, en la posibilidad de no enfrentar solo a un sistema migratorio hostil.

Asi también para poner en perspectiva: más de 11 millones de estadounidenses viven con al menos un familiar indocumentado, y miles de niños deben comparecer solos ante jueces y fiscales de inmigración. La falta de abogados financiados por el gobierno federal llevó incluso a que menores de edad —niños de 6, 8 o 10 años— enfrentaran solos procesos judiciales que decidirán su futuro.

El Fondo llega, entonces, no solo como una ayuda, sino como una forma de resistencia civil ante un sistema que tiende al desamparo.

Mientras tanto, en México, el INM celebra su aniversario con discursos huecos y videos institucionales que hablan de “transformación humanista”. Pero en la frontera sur los migrantes siguen siendo retenidos, perseguidos, humillados y extorsionados; los albergues están saturados, los agentes operan con total impunidad y las muertes —como las de Ciudad Juárez— permanecen sin justicia.

El contraste entre ambos escenarios debería avergonzar al gobierno mexicano. En Estados Unidos, la sociedad civil y algunos gobiernos estatales se mueven para proteger derechos básicos; en México, se celebra una institución que no ha aprendido siquiera a pedir perdón. Treinta y dos años después, el INM no representa el “rostro humanista” de México ante el mundo, sino su máscara más hipócrita. Lo tenía que decir….

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