J. Israel Martínez Macedo / israelmartinez.com.mx

En el Estado de México, la violencia amenaza las elecciones locales, poniendo en peligro la democracia y la seguridad de los votantes. ¿Cuál es la verdadera causa?

En días pasados la candidata a presidenta municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez fue víctima de un ataque con armas de fuego en la carretera México-Toluca cuando se dirigía al debate en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que aún así se realizó sin su presencia; ayer la candidata de Otzolotepec, Sinaí Guadalupe Lugo Vargas fue víctima de una agresión similar en el modus operandi.

Son dos ataques que se suman a las agresiones contra candidatos que están ocurriendo en todo el país y de las que el Estado de México no ha quedado exento; acciones que pretenden generar temor para influir, de una forma u otra, en los procesos electorales locales.

Aunque la violencia en las elecciones no es algo nuevo porque ya en otros procesos se habían presentado ataques, agresiones o situaciones de violencia, especialmente contra los equipos de trabajo que andan a pie de calle trabajando para obtener el voto para sus candidatos o partidos; lo cierto es que ninguno como lo que estamos viviendo en este 2024.

Las agresiones en contra de los candidatos y candidatas han dejado claro que la participación política de los ciudadanos en los mecanismos democráticos para la renovación de gobiernos está en peligro y eso es un grave y muy serio problema de gobernabilidad para el país y para el estado en mediano y largo plazo.

¿Quién puede estar detrás de los distintos ataques? Las posibilidades son tan variadas y diversas que se vuelven igualmente probables. Desde grupos fácticos de poder hasta células criminales que sientan afectados sus intereses; los niveles de violencia a los que ha llegado el país hacen viable que este tipo de ataques y agresiones ocurran y que sea cada vez más difícil identificar las causas y los actores detrás de ellas.

Para colmo de males, los funcionarios responsables de garantizar la seguridad del proceso electoral y la gobernabilidad de la entidad parecen no darse por aludidos en la atención de un problema que aqueja a ambas áreas y que representa un riesgo ya no latente sino presente en la entidad: los grupos criminales han pasado de ser observadores expectantes de los comicios para convertirse en actores participantes de los procesos de renovación de gobiernos, algo que de por sí ya es alarmante.

La violencia en las distintas elecciones municipales y distritales que se están llevando a cabo en el Estado de México no garantiza que estemos frente a procesos democráticos de elección de nuevas autoridades, lo que representa un verdadero riesgo de gobernabilidad local que amenaza la tranquilidad futura de las comunidades en cuestión y podría estar sentando las bases de comunidades que operen y actúen ya no bajo un esquema de libertad sino de control y dominio de grupos de poder ejercido por la violencia y el temor.

Pareciera ser que las autoridades responsables de garantizar la seguridad y la gobernabilidad de la entidad se encuentran más ocupadas en descalificarse que en hacer frente a sus responsabilidades para garantizar que este 2 de junio podremos confiar en que será una jornada democrática en la que la violencia no sea el factor determinante de los resultados.

El trabajo no es sencillo y el tiempo apremia, la seguridad de los más 13 millones de posibles votantes inscritos en la lista nominal del INE en el Estado de México no es cosa menor; no solo se trata de la vigilancia y escolta para los 737 candidatos locales, se trata de garantizar las condiciones para que en cada una de las casillas que se instalarán en la entidad los ciudadanos que deseen participar en la jornada electoral puedan hacerlo con seguridad.

Claro que no solo depende las autoridades municipales estatales y federales, también debe haber voluntad de los actores políticos participantes de la contienda para evitar que sus grupos de seguidores o personas relacionadas con ellos intenten realizar actos violentos el próximo 2 de junio.

Apenas hace tres años en el municipio de Metepec, por ejemplo, un grupo de personas vinculadas a un grupo político intentó “reventar” la elección a través de actos violentos en algunas casillas; hechos que quedaron registrados en video y que dieron muestra y ejemplo que la violencia también puede provenir de los propios actores.

El país y el estado ya no esta para este tipo de prácticas y ejercicios con los que se pretende influir en los resultados a partir de anular algunos votos; el llamado a elecciones libres y democráticas que se realicen en paz también debe ser a los candidatos y partidos participantes el proceso.

La organización de estas elecciones no ha sido un trabajo sencillo ni para el INE ni para el IEEM no obstante que los partidos y sus dirigencias han quedado muy lejos de hacer un buen papel; prueba de ello es que a menos de 15 días de que se lleva a cabo la elección sigue habiendo cambios en las candidaturas debido al pésimo trabajo de preselección de candidaturas y permitir que las rebatidas internas afectaran en las decisiones de los partidos.

Quizás el trabajo conjunto de todos los actores no pueda impedir que agentes externos como la delincuencia organizada o los grupos criminales locales quieran influir en los resultados a través de actos de violencia pero, sin duda alguna, el negarse a realizar actos violentos el día de la jornada electoral por parte de candidatos y partidos ayudaría muchísimo a que el día de la elección haya mayores posibilidades de ejercer el voto de manera segura.

Mientras los funcionaros, los actores políticos y los participantes del proceso electoral sigan viendo por sus intereses personales o de grupo la violencia se mantendrá como una constante de los procesos electorales ocasionando, tristemente, el alejamiento de los ciudadanos y el desinterés por participar activamente en la jornada de votación porque, a final de cuentas, nadie está dispuesto en arriesgar su vida por manifestar su apoyo a otra persona.

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