GPPRI RESPALDA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL AL ACUERDO PARA DISPONER DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Las y los Diputados del PRI manifestamos nuestro respaldo a la decisión de la Presidenta de la Cámara de Diputados, la Diputada Laura Rojas Hernández, de presentar una controversia constitucional al Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020.

Tal como lo advertimos con su publicación, este Acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país.

El objetivo de esta administración de pacificar al país, no puede pasar por encima de la Constitución ni las leyes, ni de los Tratados Internacionales de los que México es parte, ni de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ningún tipo contrapeso. Cualquier instrumento jurídico debe respetar el texto constitucional y la intención de los legisladores al incluir ese artículo quinto transitorio.

En el PRI seguimos a favor de que las Fuerzas Armadas participen en las labores de seguridad, siempre han contado con todo nuestro reconocimiento. Estamos interesados en generar un marco legal que les brinde certeza jurídica, tanto a la ciudadanía en general, como a los integrantes de las Fuerzas Armadas; seguros de que su actuación está apegada al marco constitucional, que exige que su actuación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo prevé el quinto transitorio de la reforma constitucional y los compromisos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 

La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin controles o se hagan interpretaciones a modo de la nuestra Carta Magna.

Finalmente, confiamos plenamente en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como máximo intérprete constitucional, permitirá dar cauce legal a la controversia que surge de este Acuerdo.