Tribunales agrarios dan ejemplo de avance en resolución de casos

La Magistrada Presidenta de los Tribunales Agrarios, Maribel Concepción Méndez de Lara, enfatizó la importancia de continuar avanzando en este compromiso compartido, a fin de lograr una justicia agraria honesta, rápida, comprensible y transparente, acrecentando con ello la confianza de las personas justiciables

La resolución del rezago histórico en la justicia agraria marcó un precedente de transformación en México. A través de la garantía de derechos, la protección de recursos naturales y el compromiso con los derechos humanos, la justicia agraria se posiciona como un elemento esencial para la construcción de un futuro equitativo y sostenible en el país.

Este logro sin precedentes en la justicia agraria, ha permitido resolver un número importante de expedientes que llevaban en trámite en las esferas administrativas y jurisdiccionales, entre ellos casos que llevaban hasta 50 años en conflictos por límites entre comunidades.

La comunidad ejidal y comunal tiene la capacidad de determinar el uso de sus tierras, organizar su aprovechamiento y establecer asociaciones que beneficien a sus miembros. Esto les permite tomar decisiones en pos del mejor aprovechamiento de sus bienes y la gestión eficiente de sus recursos.

En un acontecimiento trascendental, la justicia agraria ha dado un paso crucial al abordar un rezago que se ha arrastrado durante casi cinco décadas. Esta gesta marca un punto de inflexión en el desarrollo del país, ya que la justicia agraria juega un papel trascendental en tres áreas fundamentales para el progreso nacional.

La justicia agraria ha encontrado una herramienta de gran valor en la forma de la justicia itinerante. Los Tribunales Unitarios Agrarios han instituido la justicia itinerante, un enfoque que implica la organización de al menos cuatro jornadas al año para desahogar casos en ejidos y comunidades. Esta iniciativa garantiza que incluso los lugares más alejados tengan acceso a la justicia y puedan resolver sus disputas y problemas de manera adecuada.

Así también la justicia agraria se erige en un pilar fundamental para el desarrollo del país, manifestándose en tres vertientes ineludibles. En primer lugar, el tejido de la propiedad agraria es de suma importancia. Con más de 32,000 ejidos y comunidades en México, que son dueños de casi el 51% del territorio, es innegable su influencia en la configuración de la geografía del país.

En segundo lugar, los recursos naturales cobran protagonismo en este contexto. En las tierras ejidales y comunales reposa el 60% de las áreas naturales protegidas de México, lo que se traduce en una concentración de biodiversidad que coloca al país en el quinto lugar mundial en este aspecto.

Finalmente, el compromiso con los derechos humanos impulsa la relevancia de la justicia agraria. En las zonas rurales residen 26 millones de personas, de las cuales 17 millones están en situación de pobreza y 5 millones viven en pobreza extrema.

Es esencial recordar que las comunidades ejidales y comunales en México gozan de derechos sólidamente protegidos por la Ley Agraria. Estos derechos incluyen el reconocimiento como comunidad a través de procedimientos específicos que aseguran la restitución de la propiedad, la resolución de litigios y la protección de los derechos de los comuneros.