Por Daniel Lee

Con una votación dividida de 5 contra 4, la Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta a que el Gobierno federal reactive redadas migratorias en California justificadas por motivos de raza, idioma o tipo de empleo, una medida que revive el espectro del perfilamiento racial y que ya encendió alarmas en autoridades locales, jueces y organizaciones civiles.

La jueza Sonia Sotomayor, en un disenso enérgico, advirtió: “No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado”. La advertencia llega tras el fallo que revoca la suspensión impuesta en julio por la jueza Maame E. Frimpong, quien había considerado inconstitucional detener personas solo por su apariencia, lengua o lugar de trabajo.

Los números revelan la magnitud del operativo: entre junio y principios de julio se reportaron 2,792 arrestos en California. Tras la suspensión judicial, las detenciones cayeron a menos de la mitad. Sin embargo, desde que Trump desplegó a 2,000 guardias nacionales y 700 marines en Los Ángeles, las redadas han rebasado ya los 5,000 arrestos, según datos del propio Departamento de Seguridad Nacional.

El gobernador Gavin Newsom denunció que el Supremo se ha convertido en “el gran mariscal de un desfile de terror racial”. Para él, el fallo amenaza a comunidades enteras y expone a familias inocentes a ser perseguidas por su origen. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reforzó el mensaje: “Este fallo abre la puerta a la discriminación abierta. Nuestra ciudad no será cómplice de políticas que persiguen a la gente por el color de su piel o el idioma que hablan”.

Las protestas en California ya dejaron enfrentamientos con la policía local y un clima de tensión creciente. Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch acusan al Gobierno federal de normalizar la discriminación y fracturar la confianza de las comunidades en las instituciones.

Mientras tanto, Trump celebró en su red social Truth el inicio de nuevos operativos con una frase que desató indignación: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”. Críticos lo señalan de banalizar la persecución de comunidades latinas y convertir la política migratoria en un espectáculo punitivo.

La ofensiva no se limita a California: ya se extiende a Chicago y Boston, donde barrios de mayoría latina fueron blanco de operativos recientes de ICE, desatando nuevas protestas y denuncias de perfilamiento racial.

California, epicentro histórico del pulso migratorio, vuelve al frente de batalla. Durante la primera administración Trump, el estado presentó más de 100 demandas contra políticas federales de deportación, mientras ICE acumulaba más de 18,000 arrestos solo en 2019. Hoy, el fallo del Supremo reabre esa herida, con un escenario agravado: más ciudades en la mira, más presencia militar y un discurso presidencial que convierte a la migración en chivo expiatorio electoral.

La pregunta que queda en el aire es si Estados Unidos está dispuesto a normalizar la detención de personas por su color de piel y su idioma, o si este fallo será recordado como la antesala de una era de persecución abierta contra las comunidades latinas.

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