En un episodio más de la lucha entre Poderes de la Unión, el mismo Senado de la República ha revelado que desde 2021, el Congreso de la Unión incumple, con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de regular la consulta indígena con una población de 23.2 millones en todo el país, de acuerdo con el informe “Avance comparado en la regulación del derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y tribales”.
El estudio, elaborado por la investigadora Susana Ramírez Hernández de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), concluye que, por mandato constitucional y de la Corte, el Congreso de la Unión tiene pendiente emitir una legislación que regule el contenido del derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Cabe señalar que el derecho a la consulta indígena fue reconocido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el documento se señala que, a pesar de esfuerzos para crear algunos mecanismos de consulta indígena, tanto en lo federal, como en lo estatal, no contar con una ley que regule este derecho propicia que su cumplimiento sea opcional y complica que se exija.
El antecedente que se explica en el estudio es que nuestro país ratificó dicho el Convenio 169 en 1990 y fue once años después que se aprobó la reforma al artículo 2 constitucional que, entre otras cosas, reivindicó el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que les atañen en su propio desarrollo y ordenó realizar adecuaciones a las leyes para garantizar este derecho. Para mayo de 2018, personas de comunidades indígenas presentaron diversas demandas para crear una la ley que reglamentara la consulta indígena.
El texto de Ramírez Hernández da a conocer que luego de varios fallos judiciales en respuesta a estas demandas en 2020, la SCJN concedió un amparo en el que se ordenó al Congreso a reglamentar la consulta, antes del 31 de agosto de 2021. Al día de hoy, sin embargo, solo San Luis Potosí, Durango y Oaxaca cuentan con una ley de consulta indígena, mientras que 25 entidades reconocen este derecho en sus Constituciones o leyes locales, pero sin tener aún una ley de consulta como tal. Nueve iniciativas de ley de consu
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