El andamiaje anticorrupción del Estado de México está “en pañales”

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Aunque las judicializaciones y las sentencias son reducidas en comparación con las miles de denuncias, integrantes del SEA Edomex consideran que se están sentando las bases de la lucha contra el abuso de poder. Por lo pronto destacan las sanciones contra policías corruptos.

Por Alejandro Melgoza Rocha / Ethos Especiales

Toluca, Estado de México.– El agente mexiquense David Ramírez no siente remordimiento alguno cuando le achaca un delito a una persona inocente y, menos aún, si se trata de un funcionario que presuntamente comete un acto criminal o un supuesto delincuente, pues dice que no tienen derechos. Por ejemplo, explica que, si detecta a algún sicario “calentando un punto”, es decir, cometiendo ejecuciones en un área por el control de la venta de droga, primero hace un trabajo de reconocimiento en terreno e infiltración y luego ya planea la detención.

Desde una oficina localizada en Ecatepec, Estado de México, el policía solicita el anonimato para poder contar su caso. Él relata que cuando no hallan evidencias para inculparlos, entonces les “cuadran” una carpeta de investigación para lograr “cuota” en la estadística de casos resueltos. Es decir, buscan algún asunto no resuelto que pueda embonar en el perfil de esa persona, desde los aspectos físicos, el área de operación o algún otro detalle. También dice que recurre a la tortura, aunque aclara que ya no es tan frecuente desde que se implementó el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Cuando los detienen, a veces los presuntos criminales logran pagar un soborno para librarse, aunque dice que sólo con 25 mil pesos hacia arriba se hace el trato, dependiendo del delito o si se trata de una orden de sus superiores. Si se trata de lo segundo, no importa la cantidad; deben “cuadrar” el delito por instrucciones, seguido de manipular el testimonio del familiar de la víctima o conseguir testigos y darles dinero a cambio de que memoricen detalles para el juicio oral.

Por prácticas como la relatada donde se descubren sobornos, falsos testimonios, tortura y otros tantos hechos que pueden constituir un delito de corrupción, el Edomex se ganó una fama inusual a nivel nacional por abusos policiacos. Tan solo en 2018 la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción (FECC) integró 5 mil 275 carpetas de investigación, de las cuales tres mil 670 fueron contra policías. De estas miles de denuncias se lograron 11 sentencias condenatorias contra 15 policías por violaciones, homicidios y extorsiones, así como otros asuntos en los que se denuncia a servidores mexiquenses.

La Fiscalía Anticorrupción se encarga de obtener evidencias para sostener sus imputaciones y, de ser necesario, se apoya en el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) y el Poder Judicial. Las tres integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desde el 31 de marzo del 2017 y también se apoyan del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Secretaría de la Contraloría estatal (SECOGEM) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAEM). Uno de los objetivos del Sistema es trabajar en conjunto para castigar a los funcionarios que se han corrompido, aunque esta triada es la más indispensable.

Las fuentes consultadas por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas explican que el tiempo transcurrido se ocupó para la coordinación entre las instituciones competentes en materia fiscal; establecer una política criminal en delitos de corrupción; fortalecer las capacidades de investigación, sustanciación y resolución; y construir andamiaje jurídico, el cual es necesario para juzgar a funcionarios. Sin embargo, desde la Fiscalía Anticorrupción consideran que los casos más victoriosos son los integrados contra policías.

El mayor logro del SEA hasta el momento –coinciden los entrevistados– fue la aprobación de la política anticorrupción el pasado 21 de julio, cuya prioridad son los delitos de desvío de recursos públicos, delitos electorales vinculados a hechos de corrupción, lavado de dinero y conflicto de interés. “Se definieron las 60 prioridades en la materia. El Edomex fue el tercer estado de la República en emitirla”, matiza el fiscal anticorrupción, José de la Luz Viñas.

Para Mirosvala Carrillo, auditora superior del OSFEM, “es poco el tiempo en el que posiblemente pueda ver resultados un ciudadano, porque el andamiaje institucional no es por separado (…) Desde el punto de vista jurídico todavía está en pañales”.

A su vez agregan que el factor de la pandemia le quitó ritmo al SEA. “En esta época de pandemia hemos tenido que ser imaginativos para continuar atendiendo la demanda ciudadana a través de recursos tecnológicos como la aplicación para recibir denuncias y la celebración de audiencias en línea, gracias a la iniciativa del Poder Judicial”, añade el fiscal anticorrupción.

Contrario a lo señalado por algunos miembros del SEA Edomex, la extitular del CPC, Palmira Tapia, y la representante de la Comisión Anticorrupción del Congreso, la diputada del PAN, Brenda Escamilla, coinciden en que si bien hace falta construir andamiaje jurídico, los avances no son alentadores en la coordinación, en la capacitación y en el aseguramiento de activos.

 

Policías, en la mira

Para poder echar a andar el SEA Edomex se han asignado 15 mil millones de pesos durante el periodo 2018-2020:4 mil 811 en 2018; 5 mil 583 en 2019 y 5 mil 190 en este año. Pero, el grueso de los recursos se va hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debido a sus facultades investigadoras y sustanciadoras.

La FECC del Estado de México registró 4 mil 287 denuncias durante 2019, de las cuales 444 se judicializaron “por la probable comisión de conductas que la ley señala como delito en materia de corrupción, cometidas por algún servidor público en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión”, señala el Cuarto Informe de Gestión de la FGJEM.

De dichas judicializaciones se lograron 126 vinculaciones a proceso, aunque solo 23 casos tuvieron pruebas sólidas para que el juez dictara sentencias condenatorias (35 personas sentenciadas). Los casos más exitosos para la Fiscalía Anticorrupción, según su propio informe, fueron 11 por abuso de autoridad y uno por cohecho; también se suman dos por secuestro, dos por homicidio y uno por violación.

Es decir, la FECC recibe delitos cometidos por servidores públicos sin importar que sean del fuero común, como robos y homicidios; incluso, el fiscal anticorrupción señala que los casos más exitosos son los de policías que “incurrieron en alguna práctica ajena a las obligaciones que tienen conferidas”. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción no tiene éxitos en casos relativos a la corrupción.

“Entonces, casos de alto impacto, considero que tienen un doble mensaje, que se puede denunciar con resultados y que atacamos la impunidad. El año pasado conseguimos tres sentencias por secuestro exprés cuya pena osciló entre cincuenta y sesenta años de prisión”, añade Viñas sobre los agentes.

Cuestionado sobre el número bajo de sentencias en contraste con las denuncias, Viñas argumenta tres razones; la primera se debe a que el sistema penal mexiquense “contempla que algunos delitos pueden culminar mediante la celebración de mecanismos alternos de solución de conflictos, por lo que el procedimiento no llega a una sentencia condenatoria”. Eso significa que llegan a sanciones económicas e inhabilitaciones.

“Aquellos que se sienten agraviados por ciertas conductas pretenden que se sancione drásticamente a quienes las cometieron, pero en diversas ocasiones la acción no está contemplada como delito. Las vías para atender estas conductas abusivas o indebidas no son necesariamente a través de la integración de una carpeta de investigación, sino que son conductas que se encuentran sancionadas en el ámbito administrativo, civil o incluso laboral”, refiere.

Viñas menciona que otro componente para los retrasos es la integración de una carpeta de investigación de acuerdo con su complejidad, pese a que no aclara el lapso que tarda. “Hay que tomar en cuenta el tiempo que tardan los medios de impugnación”. Por ejemplo, un imputado solicitando un amparo.

–¿Considera que los recursos económicos y el número de personal de la Fiscalía Anticorrupción son suficientes? –se le pregunta al fiscal.

–En términos generales se puede afirmar que no se cuenta con los recursos materiales y humanos ideales para el combate a la corrupción. Para un estado tan grande y complejo solo tenemos seis sedes: Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco y Amecameca, por tanto, el personal se tiene que distribuir en cada una de ellas. Sin embargo, hemos tenido que potenciar su presencia en donde quiera que se les requiera.

En estos cuatro puntos, concuerda Israel Alvarado, doctor en ciencias penales y política criminal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Alvarado añade otros de carácter técnico: la acumulación, cuando varias personas presentan denuncias sobre un mismo hecho y sujeto; acusaciones en las instancias inadecuadas; y de igual manera eventos de corrupción cuyos delitos hayan prescrito.

Alvarado aclara que estos son problemas de los que adolece cualquier Fiscalía Anticorrupción, por lo que matiza fallas de origen; una de ellas tiene que ver con el cambio de nombre, pero no del personal. “Son los mismos que estaban atendiendo los delitos en la Fiscalía de Delitos Contra Servidores Públicos (…) tienen procesos de selección poco efectivos, poco grado de autonomía, tienen exactamente los mismos problemas de corrupción”.

Según el penalista, aunque la FECC se allegue a una denuncia bien hecha, no logran nada en el juicio por la falta de capacitación. Tampoco para apoyarse con evidencia que podrían brindarles los demás integrantes del SEA Edomex. “Ahí se ve la descoordinación”; afirma.

Alvarado dice que no solo es una particularidad del Edomex, sino del resto de los estados, donde sin importar que el fiscal litigue el caso, “se le cae el juicio”. “Además traen buenas defensas a los servidores públicos. Luego (los fiscales) tienen problemas de capacitación, salarios y pierden los asuntos”, comenta.

“Resulta que son cuestiones relativamente complejas o técnicas que tienen que argumentar en el juicio y no tienen la capacidad. En la mayoría de los casos que se denuncia de importancia, son cuestiones donde está involucrado dinero, desvío de recursos, peculado, que necesitan tener experiencia en materia fiscal-contable”.

Sumado a lo anterior, el fiscal anticorrupción mexiquense asume que los obstáculos para que la FECC funcione son la falta de capacitación y de recursos económicos; la desconfianza de la ciudadanía, ya que la mayor parte de las veces los denunciantes no quieren participar en las audiencias; y, por último, que la Fiscalía Anticorrupción no inició actividades con “base cero”, en contraste con otros sistemas estatales.

Es decir, arrastró las carpetas de investigación y averiguaciones previas de la antigua oficina de combate a delitos de funcionarios. “Por tanto, la reorganización y reordenación de las actividades fueron de las primeras dificultades que tuvieron que atenderse”, concluye el alto funcionario.

A su vez, la titular de la Comisión Anticorrupción en el Congreso, Brenda Escamilla, así como la ex titular del CPC, Palmira Tapia, consideraron que, en consonancia con las sentencias, lo más importante es recuperar el dinero desfalcado.“Insisto, tienen que regresar lo que ya se llevaron. La solución no solo está en detenerlos, sino en que regresen los recursos”, agrega Escamilla, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Edomex. Tapia la secunda: “Es un fenómeno muy complejo, sobre todo en la recuperación de activos (…) Hasta la fecha no se ha traducido”.

 

Criterios “en pañales”

El OSFEM proporcionó a Ethos la información de los expedientes iniciados y los gastos específicos para estos procedimientos, tanto del viejo como del nuevo sistema penal. En el pasado fueron 770 expedientes traducidos en 2,600 millones de pesos, mientras que con el nuevo sistema, van 130 expedientes, los cuales implicaron 300.2 mdp. Lo anterior con corte al 21 de julio.

De acuerdo con la auditora superior, los expedientes resarcitorios de las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018 han sido favorables en 90% en los juicios de amparos promovidos por servidores públicos involucrados. “Ese 90% lo hemos ganado y ha sido uno de los casos más exitosos”, añade.  “Las auditorías están sustentadas y por eso el éxito es del 90%”, dice Rogelio Padrón, encargado del despacho jurídico del OSFEM.

Sin embargo, tanto la auditora superior como el encargado jurídico del despacho del OSFEM coinciden en que los obstáculos o áreas de oportunidad se reflejan en el andamiaje jurídico, pues esto llevará tiempo construirlo, como sucedió con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. “Todavía se están formando los criterios jurisprudenciales”, aclara Padrón.

Uno de los obstáculos jurídicos que les ha “complicado la implementación de los procedimientos” –añade el funcionario– es la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 8 de julio, sobre el papel de la Secretaría de la Función Pública.

“La sentencia confirma que la Función Pública es la autoridad competente para sancionar faltas graves que hayan cometido servidores públicos antes del 19 de julio de 2017; no obstante, deben aplicarse las reglas procedimentales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, apunta el comunicado.

Por otra parte, la auditora superior agrega que no hubo “una curva de aprendizaje” para el OSFEM. “Estamos ante la implementación de nuevos ordenamientos, tú recordarás que para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pasaron 8 años para que se implementara en la República (…). Con esta Ley General de Responsabilidades, ni agua va nos dijeron a las entidades, nadie nos instruyó, nadie nos capacitó para saber cómo tendríamos que hacer”.

Como participantes en el Sistema Estatal de Fiscalización, el OSFEM se coordina con las contralorías del poder ejecutivo y legislativo, así como con los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los 125 municipios. La auditora señala que las primeras reuniones sucedieron en diciembre de 2019; sin embargo, la que se proyectaba para abril de este año no ocurrió por la pandemia.

Según la auditora, urge coordinarse con los titulares de los OIC, pues son el primer eslabón en revisar que los procedimientos se ejecuten. “Vuelvo a leer la ley del sistema y me pregunto: ¿por qué están fuera los OIC de los organismos autónomos? Por ejemplo, eso va a ser muy importante que nos pongamos de acuerdo para revisar la conveniencia de que propongamos en nuestra próxima reunión del sistema una posible modificación a la ley”, refiere.

Tan solo en 2019, la SECOGEM realizó 293 informes ante el OIC, de los cuales 277 corresponden a faltas administrativas y 16 a actos de corrupción. De estos, al TJAEM llegaron 18 casos pendientes por resolver y seis fueron sancionados por cohecho, actuación bajo conflicto de intereses y abuso de funciones. Se trató de seis agentes del MP de los cuales uno fue destituido y el resto, inhabilitado. “Aún estamos al ensayo y error, porque incluso el Tribunal está también revisando la sustanciación”, abona.

Respecto a ello, la expresidenta del CPC mexiquense, Palmira Tapia, señala: “El Tribunal de Justicia Administrativa tiene sus jueces anticorrupción, pero, aun así, vemos que los números no hablan de que funciona como un sistema”.

Recientemente el Edomex publicó la Política Estatal Anticorrupción que circunscribe cinco ejes entre los integrantes del SEA. “Somos líderes como OSFEM de implementación de esta Política Estatal Anticorrupción, nosotros en esta política lo que hicimos fue alinearnos al diseño de la nacional, porque debe haber una combinación de federación y estado”.

Pese a la falta de judicializaciones y sentencias, los integrantes del SEA insisten en que los logros hasta el momento son una victoria. Sin embargo, todavía hay servidores públicos, especialmente policías, quienes continúan estas prácticas. Claudio es uno de ellos, y se le mira tranquilo porque se siente respaldado por sus superiores, sin que le cause temor alguno la Fiscalía Anticorrupción.

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